El Panorama de la educación en la Bahía de Cádiz, presentado a modo de informe por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en la mañana de este martes, es preocupante. Se refiere a la educación pública, claro está, a la que “acosa” la Junta de Andalucía con una “política salvaje de supresión de unidades”. Pues como apuntó Miguel de Frutos, una de las personas que ha elaborado el informe, “el descenso de población en la Bahía repercute solo en la educación pública, cerrándose unidades y centros, mientras que se blinda la enseñanza concertada”.

El informe llama la atención sobre parámetros que afectan a la calidad del sistema educativo, como que en la población de la Bahía de Cádiz existe un alto grado de abandono escolar temprano y estudios secundarios sin finalizar – un 38,5%-, siendo este porcentaje superior a la media andaluza, estatal y europea.

Antonio Lobato, responsable del área de Educación de APDHA, explicó que “lejos de usar un discurso populista, es simplemente una recopilación de datos” ante la premisa de que “el derecho a la educación es la clave de los demás derechos”. Al respecto, De Frutos dijo no entender “la opacidad de la Delegación Territorial de Educación a la hora de ofrecer datos, lo que nos obligó a realizar una recopilación exhaustiva consultando con diferentes organismos”, tales como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Junta de Andalucía, el INE, el Observatorio Argos, Eurostat, OCDE, sindicatos y Marea Verde.

Según De Frutos “no se observa por parte de la Junta de Andalucía una firme defensa de la educación pública”. Entre 2015 y 2021, el 97 por ciento de las líneas suprimidas en Andalucía han sido públicas. El informe destaca que el curso 2019/2020 se suprimieron 413 líneas en Andalucía, siendo Cádiz una de las provincias más afectadas y en concreto en la Bahía, las ciudades de Cádiz, San Fernando, El Puerto Santa María y Chiclana.

Esto confronta con la situación de la enseñanza concertada. “Como ejemplo, en Cádiz capital dos tercios del alumnado está matriculado en la concertada”, y “casi todo el alumnado migrante o con necesidades educativas especiales está matriculado en la escuela pública, aproximadamente el 82 por ciento, lo que indica un comportamiento poco solidario de la concertada. Entendemos la libertad de escoger, pero no que esa elección se subvencione con dinero público”.

Carmen Belizón, que también ha participado en la elaboración del informe, apuntó que “la oferta de plazas de 0 a 3 años es deficitaria en la Bahía”. Esto conlleva que la igualdad de género se vea comprometida, “especialmente para las mujeres trabajadoras o que buscan empleo”.

Y el nivel de estudios, “desolador”. Aproximadamente la mitad de la población solo tiene estudios secundarios, un 49,10 por ciento, inferior al porcentaje de Andalucía y España: 71,5 y 74,3 por ciento, respectivamente. Asimismo el nivel de estudios universitarios llega al 13,4 por ciento, siendo en Andalucía del 25 % y en España del 30,6.

Como remate al informe, la APDHA resalta la necesidad de implementar políticas educativas compensatorias como profesorado de apoyo, grupos de alumnado reducido, personal especializado y dotar de comedores y equipamientos escolares a aquellos contextos sociales donde se necesite.