El inicio del curso escolar sigue salpicado por la incertidumbre y el miedo de las familias a posibles contagios de sus hijos y de los trabajadores de la enseñanza ante la amenaza de la pandemia del coronavirus. Son varios los cabos sueltos en materia de seguridad, porque aunque el profesorado y el personal no docente de los centros se hayan realizado las pruebas Covid, a través de la Delegación Territorial de Salud, existe otra preocupación planteada por las asociaciones de madres y padres de alumnos y de los sindicatos en este inicio de curso: la ausencia de test Covid al personal de empresas externas que trabajan en los colegios, como es el caso de las monitoras y cocineras de comedores escolares, actividades extraescolares, aulas matinales, personal técnico de integración o intérpretes de lengua de signos. Este miércoles, primer día de clases con horario habitual después de los cuatro días de adaptación y flexibilización, será el estreno de estos servicios, pero hasta el momento, según las AMPAs, las empresas concesionarias de los mismos no han realizado los test a sus empleados.

Según Marian Gil, presidenta de la Federación de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades), “hay centros que se niegan a dar esos servicios sin la prueba realizada”. AMPAs como la del colegio público Reyes Católicos expresaban en un comunicado que “esta situación no es lógica porque van a estar en contacto con los niños y niñas, y al igual que el profesorado y el resto de personal que pertenece al Ayuntamiento se las han hecho por los organismos correspondientes, se lo deberían hacer a ellas por parte de la empresa a la que pertenecen o en su defecto por la Junta”.

De la misma manera, Sebastián Alcón, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, admitía este martes que “no nos consta que las empresas hayan hecho las pruebas a sus trabajadores. Que se haga cargo la Junta o que oblique a estas empresas a realizarlas”.

Mientras, desde la Delegación Territorial de Educación se insiste en que se está estudiando la situación. Al respecto, la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, reconocía la semana pasada que si bien “las empresas deben tener sus propios servicios de prevención de riesgos laborales”, la Junta “no va a poner en riesgo a la comunidad educativa. Estamos tratando de solucionar este problema. Recordemos que hemos hecho los test a limpiadoras y conserjes, que dependen de los ayuntamientos”.

Fuera de los centros existe otro problema que preocupa a un buen número de familias en la provincia: el del transporte escolar. Este sector, representado en Cádiz a través de Fedintra, la Federación Independiente del Transporte de Andalucía, exigía a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía que asuma el coste de la desinfección diaria de los autobuses “y además que le remitan material de prevención de contagio de Covid-19 para el desarrollo de las rutas escolares y la realización de test a los monitores y conductores”.

Un sector tan golpeado por la crisis sanitaria requiere ser considerado como uno más de la comunidad educativa, y si los centros están recibiendo productos higiénicos, geles y mascarillas y se están realizando test a los trabajadores; entre otros elementos, los vehículos también han de disponer de una partida extraordinaria para la limpieza y desinfección”, señalaba el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez.

Asimismo, desde Fedintra se destaca que con el curso ya empezado, son muchos los aspectos que quedan por perfilar para un correcto desarrollo de las rutas, y que puedan estar acordes sus protocolos con los establecidos en los centros educativos. "Nadie de la Agencia Andaluza de Educación se ha puesto en contacto con nosotros, ni se ha indicado el protocolo de limpieza, pero es un coste imposible de asumir por las empresas de transporte escolar, además consideramos que sería adecuado que se remita material como mascarillas y geles, para el traslado de los alumnos, además de realizar test a los conductores y monitores de las rutas escolares ", comentó el presidente de Fedintra, Antonio Vázquez.

Según Fedintra, 9.500 alumnos podrían verse afectados en la provincia de Cádiz en caso de paralización de las empresas de transporte escolar, con más de 80 empresas afectadas por la actual crisis. “Lo que no es admisible es que si en los centros se están dotando de material higiénico, el transporte escolar que está en crisis, sea la que asuma los gastos de desinfección y limpieza extraordinaria de los vehículos. Es un gasto extra de materiales y horas de trabajo que no podemos asumir en solitario, por lo que esperemos que desde la APAE o la Consejería de Educación, nos den respuesta inmediata a esta situación”, concluyó Vázquez.