El Defensor del Pueblo Andaluz ve con muy buenos ojos el bono social eléctrico estatal y apenas si hace un par de objeciones, según se desprende de su Informe Anual de 2017, presentado hace tan solo unos días al Parlamento Andaluz. Una de ellas es a la bonificación del 25% a todas las familias numerosas, con independencia de su renta. "No podemos compartir, sin embargo, que el bono social siga aplicándose a las familias numerosas sin establecer ningún tipo de limitación en función de sus niveles de ingresos, lo que puede dar lugar a situaciones poco justificables desde una perspectiva social", dice textualmente.

La otra es el "rechazo" a que de la protección aplicada al "consumidor en riesgo de exclusión social", que copagan Administración y empresas, se haya desvinculado del tope de consumo. "Creemos que también en estos casos deben adoptarse medidas para desincentivar el consumo abusivo y el despilfarro", apunta literalmente.

Recomienda medidas contra el despilfarro también para los bonificados con el 100%

En paralelo, la institución que encabeza Jesús Maeztu sigue investigando la situación en la que se encuentra el bono social de Eléctrica de Cádiz, a raíz de la petición de amparo que cursó el propio alcalde, José María González, a principios de diciembre del año pasado. La resolución sólo está pendiente de una entrevista con el presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, a quien el equipo de Gobierno y la Mesa contra la pobreza energética atribuyen el "bloqueo".

A juicio de Jaime Montaner, ingeniero experto en materia energética que colabora con Vecinos de Cádiz-Federación 5 de Abril, "el análisis que hace el Defensor de las normas que desarrollan tanto el bono social eléctrico como del tipo de bonista que puede acogerse al mismo es bastante positivo". De hecho, se valora expresamente que "por fin se regule la ayuda, basándola en la renta familiar de los bonistas, fijando distintas categorías según su renta y dando especial relevancia a la protección de menores mediante este mecanismo de ayuda".

La Oficina de Jesús Maeztu también juzga muy positivo el aumento en los descuentos que se hacen de las facturas, superiores a las anteriores deducciones, y que amparan a un número mayor de beneficiarios. Los descuentos van del 25% al 40% e incluso llegan al 100% en el caso de que el consumidor en exclusión social esté atendido por los servicios de Asuntos Sociales de la Administración local o autonómica.

También merece reconocimiento expreso del Defensor la regulación respecto a los cortes de suministro, ya que aumenta el periodo de aviso de corte hasta cuatro meses y extiende dichas garantías previas al corte a los consumidores que tengan contrato en mercado libre. A los consumidores en riesgo de exclusión social no se les podrá interrumpir en ningún caso el suministro, dándoles el mismo tratamiento que a los suministros esenciales, como el de los hospitales.

Respecto a este último segmento de beneficiarios, en el informe se apunta textualmente que "puede resultar cuestionable que la Administración pública deba soportar parte del coste de las facturas de las personas en situación de exclusión, ya que no debemos olvidar que el sistema de pago fijado por la norma supone garantizar a las empresas el cobro de unos recibos que de otro modo resultarían difícilmente cobrables, ahorrándose además los costes derivados del proceso de gestión de cobros. Al menos es un dato positivo que la aportación pública se limite al 50% de la factura y no alcance el 100% como venía ocurriendo hasta ahora". Jaime Montaner estima que "si el bono estatal se pusiese ya en marcha en municipios como Cádiz supondría ahorros anuales para el Ayuntamiento superiores a los 250.000 euros, según los datos facilitados por dicha administración sobre facturas pagadas".

También ve con buenos ojos el Defensor que los descuentos sean limitados a un consumo máximo, "lo que supone que se incentive la eficiencia energética y se penalice el despilfarro".

En el informe se anticipa que la puesta en marcha de los nuevos mecanismos de protección "será compleja" debido a la acreditación de circunstancias personales, "así como por la falta de información y el desconocimiento de la norma por parte de los ciudadanos", apunta Jaime Montaner.

Como conclusión, el Defensor del Pueblo Andaluz señala que la aprobación de la normativa estatal que permite la puesta en marcha del nuevo bono social eléctrico supone "un paso adelante, aunque echamos en falta el reconocimiento expreso del derecho de las personas en situación de exclusión a recibir unos suministros mínimos vitales de forma gratuita".