Declarados improcedentes los despidos de 34 monitoras de colegios en Cádiz

El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha declarado improcedentes los despidos de 34 auxiliares o monitoras administrativas de centros de Educación Infantil y Primaria de la provincia de Cádiz, afectadas por la pretensión de la Junta de Andalucía de asumir sus funciones mediante una oferta de empleo público; y también condena al "único empresario", la Consejería de Educación, Ciencia y Deporte, a que, en un plazo de cinco días (a partir del pasado miércoles), opte entre admitirlas o indemnizarlas, con hasta 7.648,80 euros a cada una. No obstante, aunque el juicio colectivo afectaba a 38 personas, el juez no ha estimado la demanda por despido de tres trabajadoras y un trabajador. Reconoce la cesión ilegal de estos empleados pero no el despido, debido a que fueron contratados después del cese del servicio por las empresas que asumieron el servicio de apoyo administrativo, aunque para otras funciones distintas.

Respecto a las cuatro miembros del comité de empresa incluidos entre las 34 monitoras despedidas de forma improcedente, serán ellas las que decidirán si optan por la readmisión o por la indemnización.

Este fallo se suma a otras dos sentencias parcialmente estimatorias emitidas recientemente por los Juzgados de lo Social número 1 y 2 de Córdoba que reconocen la improcedencia del despido de 16 monitores, así como la existencia de una cesión "ilegal" de trabajadores. El magistrado incluso señaló que las condiciones de precariedad en las que el colectivo había desarrollado su trabajo "deberían avergonzar a una clase política que hace apenas dos años, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de instaurar en España lo que en Alemania se conocía como minijob, lo rechazó alegando que ese tipo de contratación no es propia de nuestro país y que jamás se aceptaría".

La Consejería de Educación, Ciencia y Deporte confirmó ayer mismo que procederá a la readmisión de los monitores, especificando que este paso se realizará mediante un proceso "individual" que sólo acogerá a aquellos auxiliares que hayan denunciado judicialmente el caso y que cuenten con una sentencia favorable.

El fallo emitido en Cádiz reconoce el tiempo de antigüedad de los demandantes, así como la condición de monitor escolar tanto en hechos como en fundamentos, y protege a los miembros del comité de empresa del sindicato Ustea en el ejercicio de sus funciones sindicales.

El abogado de los 38 monitores, Juan Domingo Valderrama, mostró ayer su satisfacción por la sentencia, expresando su desacuerdo con el pronunciamiento del juez sobre los cuatro empleados a los que no les reconoce el despido improcedente. No obstante, no da estos casos por perdidos: "En su día se interpuso una demanda genérica por cesión ilegal que afecta a todos los monitores de la provincia de Cádiz, y está previsto que el juicio se celebre en septiembre, en el mismo Juzgado que ha reconocido improcedente el despido de los monitores así como la cesión ilegal. Si el fallo reconoce cesión ilegal, estos cuatro trabajadores tendrán la posibilidad de requerir a la Junta su readmisión en su puesto de trabajo".

El letrado, que lleva los casos de los 88 auxiliares administrativos de la provincia, apuntó que ayer debía haberse celebrado el juicio en Jerez, pero finalmente fue suspendido. Y está pendiente también otro en Algeciras.

La plataforma SOS Monitores Administrativos de Cádiz expresó ayer, vía comunicado, su deseo de que la Junta cumpla su compromiso de readmitir al personal, y lamentó el caso de los cuatro compañeros a los que el juez no les ha reconocido el despido improcedente. La plataforma también recordó sus condiciones de trabajo a lo largo de los últimos ocho años: cesión ilegal de trabajadores; cobro por peonadas a cuatro euros la hora; fraude de ley en los contratos; impagos reiterados; y coacción para no cobrar finiquitos y renunciar a revisiones médicas legales.