El Colegio de Abogados de Cádiz ha aprobado la creación de un premio anual en honor a José Pedro Pérez–Llorca, fallecido el pasado 6 de marzo y considerado uno de los siete padres de la actual Constitución española. Según una nota del Colegio de Abogados, el premio "honrará la memoria" de Pérez–Llorca, "uno de nuestros más eminentes colegiados desde la fundación de nuestra casa en 1790".

El galardón, que será de ámbito nacional, será otorgado a un jurista, sin distinción de nacionalidades, que por su trayectoria en el mundo del derecho, ciencia, abogacía o la docencia del derecho "haya aportado a la sociedad los valores de concordia, consenso y respeto a los derechos humanos y la paz social", valores que "están recogidos en la Constitución española de 1978".

El premio no tendrá dotación económica, se convocará en los meses de octubre y noviembre de cada año y se entregará con motivo de las fiestas patronales en el mes de diciembre.

José Pedro Pérez–Llorca (1940–2019) nació en Cádiz el 30 de noviembre de 1940 y cursó estudios en el colegio de San Felipe, pero se trasladó desde muy joven a Madrid, a los 17 años, y fue allí donde se licenció en Derecho por la Complutense con premio extraordinario fin de carrera. Sus años universitarios fueron agitados y estuvo cercano al FLP, que fue la oposición estudiantil a Franco. Con el tiempo moderó sus posturas. Obtuvo becas para estudiar en diversas universidades europeas y pudo desarrollar una importante carrera diplomática.

El salto a la política lo realizó en la I Legislatura, de la mano de la Unión de Centro Democrático, y desde 1977 hasta 1982 fue diputado en el Congreso.

Tras la ponencia constitucional asumió las carteras de Presidencia y Administración Territorial en 1980. Ese mismo año, tras una remodelación del Ejecutivo, se puso al frente del Ministerio de Exteriores, donde inició las primeras negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad Europea. También jugó un papel decisivo en la firma de un nuevo tratado con los Estados Unidos y fue el impulsor de la entrada de España en la OTAN. Leopoldo Calvo–Sotelo le mantuvo como jefe de la diplomacia española tras el golpe de Estado del 23–F y así siguió hasta la victoria electoral del PSOE en el otoño de 1982.

Abandonó la política con la caída de la UCD y, a partir de ese momento, centró su trayectoria profesional como abogado con la puesta en marcha del bufete Pérez–Llorca y con la participación en importantes empresas como Iberia o Loewe. Al mismo tiempo, decidió volver a impartir clases. Lo hizo como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Políticas de la Complutense.