La reunión 'secreta' mantenida el pasado miércoles por la alcaldesa, Teófila Martínez, y el delegado de la Junta, Fernando López Gil, para hablar sobre cómo dar uso a tanto equipamiento público vacío en la ciudad hoy en manos de la administración regional, y el incierto futuro de varios proyectos ciudadanos debería de abrir una puerta a la esperanza.

Serán ahora los técnicos de ambas administraciones los que diseñen un plan de actuación sobre propiedades, usos y financiación, además de fijar prioridades tanto por el estado en el que se encuentran algunas de estas edificaciones, en ruina según la Junta, como por las propias necesidades de la ciudad.

Cabe esperar que los inminentes cambios que se anuncian en el gobierno de la Junta, y después en las delegaciones provinciales, tras la llegada de Susana Díaz a la presidencia, no afecte a este principio de acuerdo alcanzado entre las dos partes, tras años perdidos por las diferencias políticas entre unos y otros. A la vez, la definición del nuevo gobierno fijará los intereses de Díaz respecto a Cádiz, dejada de lado en los últimos años por buena parte de los rectores de la Junta, y de forma especial por la actual consejera de Sanidad, que paralizó en su momento el proyecto del nuevo Hospital Regional de Cádiz.

Mientras que la Junta aclara la ruta a seguir, los técnicos de ambas administraciones tienen por delante un trabajo extraordinariamente complejo.

Una vez que se ha logrado que los dirigentes políticos de ambas administraciones hayan asumido que sin un trabajo común la ciudad no avanza, lo deseable sería no perder la oportunidad que ahora se presenta y dar un paso adelante.

Nos quedaríamos cortos si este diálogo se circunscribiese únicamente a los equipamientos de la Junta que hoy no tienen uso. Cierto que son varios y que, por su ubicación, tienen un evidente valor en la trama ciudadana, pero hay pendientes otros proyectos de superior calado cuyo desarrollo debería de aclararse de una vez por todas.

Hospital/Ciudad de la Justicia: Una vez Susana Díaz nombre a su nuevo gobierno, no debería de tardar en conocerse la respuesta de la Junta a la propuesta de la Zona Franca de venta del suelo de Loreto-Puntales destinado a la construcción del Hospital Regional. Tras paralizar este proyecto, en su día vendido por el propio PSOE como una de las grandes apuestas de los socialistas por la ciudad y la provincia en cuestión de sanidad pública, la Consejería de Salud sólo puede dar una respuesta positiva al Consorcio si de verdad está decidida a sacar adelante este complejo sanitario, y más cuando cada vez son más evidentes los achaques del Hospital Puerta del Mar.

En cuanto al complejo judicial, es urgente su construcción ante la precariedad en la que se trabaja en las actuales dependencias, desperdigadas en varios edificios por toda la ciudad.

Solares vacíos: La Junta es propietaria de dos terrenos, junto al parque de Poniente en Loreto y el del chalé de San Luis en plena avenida, que el Ayuntamiento intenta recuperar para la ciudad desde hace años pues plantea en ellos viviendas y equipamientos públicos. No cabe, en este caso, más retrasos en una cesión gratuita por parte de la Junta, como en su día hizo el Ayuntamiento para proyectos como el IES del Náutico, entre otros.

El puerto: En los dieciocho años de gobierno del PP en Cádiz han sido varias las ocasiones en las que parecía que el desarrollo urbanístico en la Punta de San Felipe parecía que iba a reactivarse gracias a acuerdos puntuales entre el Ayuntamiento y la Junta.

Este gran espacio urbano sigue, sin embargo, en el más puro de los letargos. Aunque la Autoridad Portuaria haya dado un primer paso encargando un informe técnico sobre el posible desarrollo ciudadano de estos terrenos, es urgente un acuerdo definitivo entre las dos administraciones en el que quede claro qué se puede y se va a hacer y qué terreno se integrará en la vida ciudadana. Este verano, más que nunca, Cádiz ha demostrado su fuerza como ciudad dedicada al turismo y al ocio. Cada vez son más los turistas extranjeros, y con más recursos, que se fijan en la ciudad mientras que se afianzan el turismo de cruceros. Un desarrollo adecuado de este balcón a la Bahía sería esencial para completar la oferta cultural ya existente, con una apuesta decidida por un ocio de calidad y con una visión dirigida al turismo de los cruceros, al ubicarse a escasos metros del que deberá de ser el principal muelle de recepción de estos barcos, en la terminal Reina Sofía.

Infraestructuras: Desde la Junta hay un especial interés por promover una red de carriles bici ya que cuenta con fondos europeos para su financiación. El Ayuntamiento está en la misma línea aunque ha pedido tiempo debido a la incidencia que este transporte tendrá en la trama urbana. De la misma manera, la administración regional defiende la apuesta por el tranvía urbano, aunque en este caso la falta de dinero hace prever que este será un proyecto de difícil y larga ejecución. En todo caso, para ambos casos es esencial un acuerdo con el Ayuntamiento.

Plaza de Sevilla: La participación de la Junta en el Plan Plaza de Sevilla es escaso, aunque en su día decisiones de esta administración tocaron de lleno el propio desarrollo del proyecto, como anuló la construcción de viviendas en la nueva avenida de Astilleros, con la que se iba a financiar buena parte del plan, y calificó como bien de interés cultural al edificio de la Aduana, evitando el previsto derribo del mismo. Sí está en manos de la Junta la construcción de la estación de autobuses interurbanos. El proyecto está listo desde hace unos años y sólo quedaba contratar la obra, acción paralizada por los recursos presupuestarios, a pesar de ser una de las apuestas de los socialistas y ser Cádiz la única capital andaluza que no tiene este equipamiento, financiada en el resto de las provincias por la administración regional. Además, la persistencia de la estación provisional en su actual ubicación impide el inicio de los trabajos de urbanización de este terreno, donde se prevé la construcción de una zona ajardinada.

Equipamientos culturales: La nueva relación entre el Ayuntamiento y la Junta debería de servir para que el gobierno local presione ante el Ministerio de Cultura para que éste inicie de una vez por todas la tercera fase de la ampliación del Museo de Cádiz, cuyo proyecto está listo también desde hace años, a la vez que se culmina el proyecto museístico de la Casa Pinillos. Junto a ello, la Junta tendría que reconsiderar el abandono de su participación en la construcción del Museo del Carnaval.

Edificios abandonados: Buena parte de la columna vertebral del acuerdo entre las dos administraciones se centra en la necesidad de dar uso a edificios que están cerrados desde hace años y que amenazan ruina, como Tiempo Libre, Olivillo y Náutico. El primer caso tiene un uso evidente, el hotelero; para el segundo la Junta se compromete a levantar la sede del Ceimar, mientras que en el tercer caso se habla de un museo dedicado al mar para cuyo desarrollo sería necesario un acuerdo entre varias instituciones.

Junto a ellos, dentro o fuera de este acuerdo, la ciudad tiene pendiente de apertura equipamientos como el nuevo Pabellón Portillo, el Centro de Mayores de Puntales, el centro social de Dora Reyes, el Colegio Mayor, el Casino Militar, además de la construcción del albergue juvenil y la urbanización del cementerio.

En el amplio listado de equipamientos públicos vacíos desde hace años, destaca especialmente la antigua institución Valcárcel. Es de todos el inmueble de mayor valor histórico y arquitectónico cuyo abandono desde hace una década pone ya en peligro su propia estructura. Su propiedad, una vez concluya el litigio con el grupo hotelero Zaragoza Urbana, está en manos de la Diputación Provincial que, en este caso, debería de formar parte del acuerdo global sobre el que trabajan Ayuntamiento y Junta.

Valcárcel es un edificio idóneo para funcionar como hotel. El diseño del equipo de arquitectos dirigido por Rafael Moneo era espectacular, a la vez que costoso lo que le hace inviable por muchos años. Por ello hay que buscar alternativas de uso que eviten que el inmueble siga vacío. Además, la ciudad cuenta con nuevos espacios para contar con un nuevo hotel de cinco estrellas: el suelo de la Residencia de Tiempo Libre y el del Campo de las Balas.

Asumiendo esta situación y asumiendo también la asignatura pendiente que Cádiz tiene con la educación pública, Diario de Cádiz propone, como en su día planteó proyectos para el frente de la Puerta de Tierra y para el Centro Constitucional, una operación que permitiría dar un uso ciudadano a Valcárcel, mejorar varios equipamientos educativos del casco antiguo, mejorar la trama urbana y poner en el mapa dos grandes edificios para nuevos usos, también definidos en este planteamiento.

Descartada a medio y largo plazo la conversión del Valcárcel en un hotel, Diario de Cádiz plantea que el edificio vuelve a ser un centro educativo. Con su edificio central y el anexo ya reformado y con las pistas aledañas adecentadas e incluso dando cabida a un pequeño pabellón, la idea es trasladar a Valcárcel los colegios públicos de Santa Teresa, Carlos III y San Felipe.

Todos ellos están ubicados en un radio de acción de apenas unos cientos de metros; todos ocupan edificios que en su mayor parte no están bien acondicionados para una labor educativa (no olvidemos los problemas estructurales que tienen Carlos III y San Felipe) y algunos de ellos tienen el riesgo cierto de una desaparición a medio plazo si sigue el descenso de alumnos matriculados.

La unificación de estos centros en un edificio de la categoría del antiguo Valcárcel mejoraría de forma sustancial la calidad educativa de los 800 alumnos hoy repartidos en estos tres colegios, uno de los cuales tiene el patio en la azotea.

Esta operación, evidentemente, supone una importante inversión pública de reforma y adaptación de todo el complejo. En todo caso, cabe recordar cómo la Junta de Andalucía ha reforzado en el último año su discurso de apuesta por la educación pública. Afrontar esta operación supondría demostrar que esta apuesta es una realidad y no se queda en meras palabras, especialmente cuando las inversiones en estos equipamientos ha sido muy escasa por parte de la administración regional en los últimos años.

La integración en Valcárcel dejaría libre la actual sede del colegio Santa Teresa. Diario de Cádiz propone su demolición, como en su momento se incluyó en el actual Plan de Ordenación Urbana. No es un edificio que aporte nada a la historia de la ciudad y su eliminación permitiría dar continuidad al paseo marítimo de La Caleta, con un mirador espectacular.

En cuanto al Carlos III, se propone su conversión en residencia universitaria al ubicarse junto a varios centros de la UCA.

Finalmente, el viejo edificio del colegio San Felipe de la calle Sacramento podría tener varios usos. Si Diputación no está dispuesta a ceder de forma gratuita el edificio del Valcárcel, podría pasar a sus manos. En caso, contrario sería el equipamiento adecuado para recuperar la idea de abrir en Cádiz un Centro de Estudios Constitucionalistas, aparcada en su día por la Junta. El inmueble podría permitir una ampliación del Museo de las Cortes, ampliando el espacio dedicado a la maqueta de Cádiz, un tesoro de la ciudad que merece por si sola de un museo monográfico.

La hipotética presencia de la Diputación Provincial en esta negociación entre el Ayuntamiento y la Junta podía ampliarse con otros dos edificios propiedad de la administración provincial y con un futuro incierto. Por una parte está la antigua sede el IES Rosario, en plena calle San Francisco, y por otra la sede de la Audiencia Provincial, que algún día quedará vacía cuando se construya la Ciudad de la Justicia. En una zona con un evidente atractivo turístico: la muralla y los pequeños museos allí abiertos, sería el espacio ideal para dar cabida al necesario museo sobre la historia de Cádiz, proyecto que como el del Náutico necesita una implicación de varios colectivos.