Antes de cada 1 de enero los ayuntamientos deberían tener aprobados unos nuevos presupuestos que rijan la actividad económica de ese año en cuestión. Una teoría, que recoge la Ley de Haciendas Locales, que en muy pocos casos se cumplen. En Cádiz, por ejemplo, la gestión municipal del equipo de gobierno que preside José María González Kichi parece haberse acostumbrado a aprobar nuevo presupuestos unos años sí y otros no. Y precisamente en esa dinámica, el alcalde ha reconocido este miércoles que el gobierno local está estudiando aún si se elabora un nuevo presupuesto para 2023.

El PSOE viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de dotar a la ciudad de un nuevo presupuesto para un nuevo año, consciente de que en 2023 habrá elecciones y, por tanto, cambio de Corporación y de gobierno. Pero el alcalde ha respondido hoy que en San Juan de Dios están actualmente "viendo si conviene o no elaborar unos nuevos", cuestión que asegura que aún no está decidida (pese a que la ley establece que el nuevo presupuesto debe estar antes del 1 de enero).

Kichi ha justificado la incertidumbre en el actual presupuesto, que ha calificado como "bastante bueno", lo que le otorgaría el plácet para ser renovado, como de facto ocurrirá el próximo domingo. "El presupuesto actual amplía de forma importante el capítulo de ingresos y por tanto el de inversiones y gastos de la ciudad, y por tanto podría estar bien", ha explicado a preguntas de los periodistas.

En este contexto, conviene recordar que el actual presupuesto fue aprobado de manera definitiva en el mes de mayo. Y en octubre se incrementaron en 14,5 millones de euros, al incorporar la totalidad del remanente líquido de tesorería con destino a nuevas inversiones que no estaban previstas en un primer momento. Por tanto, el documento final de 2022 ascendía hasta los 190.171.566,67 euros. Los mismos que por ahora, y parece que durante todo el año 2023, estarán en vigor.

Y es que igualmente conviene recordar que el gobierno de José María González tan solo ha aprobado tres presupuestos en sus ocho años como alcalde (los de 2018, 2020 y 2022), al que se sumaría el que elaboró en 2016 pero que la Justicia terminaría tumbando y dejando sin efecto.