Ante el nuevo fenómeno de transformación del parque de viviendas de la ciudad hacia el turismo, el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido dar un paso en firme: sacar a licitación un estudio que permita regular, vía ordenanza, que el crecimiento turístico sea sostenible y compatible con la habitabilidad en todos sus barrios. El objetivo es que entre en vigor antes de termine la legislatura y que se incluya en la próxima revisión del PGOU.

Así lo contaba ayer a este medio el concejal de Urbanismo, Martín Vila, que planteaba que "si bien el fenómeno turístico no está en situación de alarma, sí que nos sitúa en una situación de alerta, de manera que nos tenemos que anticipar al problema". De este modo, Vila incidía en que "no podemos hablar de turistificación en Cádiz y el objetivo de la futura ordenanza es que nunca se hable de este concepto, y por ello tenemos que adelantarnos". Por situarnos, Cádiz se encuentra muy por debajo de Barcelona, en una situación similar a la de Málaga y por encima de Sevilla.

Por este motivo, desde que se presentó el pasado mes de septiembre el mapa de vivienda de la ciudad -incluido el de densidad turística y viviendas desocupadas- la delegación de Urbanismo ha trabajado en este sentido "con el fin de que la ciudad no pierda habitantes porque las capas populares se vean excluidas o desplazadas por un aumento del precio del alquiler o un aumento todavía mayor en el precio de la vivienda de renta libre". Es decir, "queremos garantizar en cada distrito un mínimo residencial para que ningún barrio vea que su identidad o idiosincrasia se ponga en peligro, lo que supone una limitación al otro lado de la moneda, en cuanto al número total de viviendas turísticas, y garantizando también una oferta turística compatible".

Para ello, "estamos aprendiendo primero de otros ayuntamientos que han intervenido como el de Barcelona, Madrid y San Sebastián, en base a lo que hemos aprobado la licitación de este estudio" con un presupuesto que ronda los 15.000 euros y que tendrá una duración de seis meses.

Martín Vila argumentaba que "cuando el mercado no se regula finalmente se imponen los intereses mercantilistas", como ocurrió con la burbuja inmobiliaria. Pero "los ayuntamientos tenemos un compromiso social por garantizar la habitabilidad".

Con la puesta en marcha de esta ordenanza Cádiz se situaría a la cabeza en la regulación del fenómeno turístico en la provincia, y sería de los primeros Ayuntamientos que intervengan a tiempo.