El Ayuntamiento presenta alegaciones al bono social eléctrico de carácter estatal

El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado junto a una quincena de Consistorios las alegaciones al proyecto de RD del Gobierno Central, que articula el Real Decreto-ley 7/2016, por el que se regula el consumidor vulnerable, el bono social y las condiciones de corte de suministro, al considerar que su contenido "prioriza los intereses de las empresas del oligopolio, por encima de los de las familias vulnerables", según ha declarado la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández.

Junto al de Cádiz, las alegaciones han sido presentadas de forma conjunta con los ayuntamientos de Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Madrid, Valencia, Córdoba, Pamplona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Puerto Real, Montcada i Reixach y Pallejà, Sant Joan Despi, Santa Perpetua de la Mogoda y Rivas Vaciamadrid.

Fernández añade que "el bono social del Gobierno es, con diferencia, mucho menos ambicioso y social que el Bono Gaditano, que el PP se negó a aprobar aquí, con la excusa de que el nacional estaba casi listo. Pues aquí lo tienen. Es insuficiente e injusto. El 80% de los gaditanos se sigue quedando fuera y sólo va a ser un mero descuento del 25% o el 40% de la factura eléctrica en función de unos criterios de renta absolutamente excluyentes".

En las alegaciones presentadas esta semana al Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital, los ayuntamientos firmantes consideran que debería bonificarse el 50% y el 100% de un "consumo energético básico, que permita a las familias disfrutar de una vida digna", así como incluir la potencia contratada hasta un límite, tal y como recogía la propuesta del Bono Eléctrico Gaditano, cuyo contenido remitió el Ayuntamiento de Cádiz al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, hace un mes, durante el plazo de consulta pública.

Ana Fernández ha subrayado que "el bono social del Gobierno además nos obliga a pagarle una parte del recibo a las familias numerosas independientemente de su renta. Y esto no sólo es injusto, sino que es escandaloso".

La reforma del bono social estatal establece además dos criterios no vinculados con la situación económica familiar, para que una familia sea considerada en vulnerabilidad severa en riego de exclusión: estar atendido por los servicios sociales y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras.