El Ayuntamiento sigue insistiendo en el tema de la posible reversión de la protección del edificio de Aduana que la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía, que fue la que inició el expediente de protección de este edificio.

En este sentido, el equipo de Gobierno asegura que "no corresponde" al Ayuntamiento "justificar nada" porque éste "está en la misma posición que cuando se aprobó el proyecto de la plaza Sevilla, que contemplaba el derribo" de este edificio.

Cabe recordar que este periódico publicó en el día de ayer que la Consejería de Cultura de la Junta incluyó a este polémico edificio en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz impidiendo su demolición ya prevista en el Plan Plaza de Sevilla, asume ahora que se le puede dar la vuelta a esta decisión, permitiendo de esta manera la eliminación del inmueble. Para ello uno de los aspectos fundamentales es que esta operación formaría parte de un plan global sobre el uso de edificios públicos que se encuentran vacíos.

Los populares afirman que si la Junta de Andalucía, que fue la que justificó la protección del edificio- "necesita alguien que argumente ahora el cambio de criterio lo tendrá que buscar en su propia administración".

De este modo, recuerda que cuando se aprobó la operación del Plan para la Plaza de Sevilla había consenso entre las tres partes actuantes, es decir, el propio Ayuntamiento, la Junta y Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). Así, de nuevo envía la responsabilidad a la Junta y dice que cuando ésta "termine de hacer todo lo que tiene que hacer para el derribo de la Aduana, no tiene ningún problema en seguir adelante con la operación tal y como estaba diseñada en su origen". Precisamente, en el proyecto realizado por el arquitecto gallego César Portela se planteaba el derribo del edificio de la Aduana y una zona verde que servía de antesala a la entrada al edificio de la estación vieja de 1905.

Al respecto el ayuntamiento insiste en que "ahí están los documentos y todo lo que necesita la Junta de Andalucía para saber cuál fue y cuál es la postura municipal al respecto".

No obstante, sí le pide explicaciones a la administración autonómica sobre a quién "se le pueden pedir responsabilidades por parte de la ciudad del tiempo perdido que, en dinero, es incalculable". Además de ello otra responsabilidad estiba en que "en el Doce no pudiéramos disfrutar de una Plaza de Sevilla tal y como estaba prevista".

No obstante, el propio delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz ya dijo que si el Ayuntamiento lo pedía "iremos de la mano a la Consejería de Cultura para decir que todos estamos dispuestos" y que hay una opinión común favorable a permitir el derribo de este edificio. Pero el ayuntamiento lo pone en manos de la Junta de manera exclusiva porque considera que no ha cambiado de opinión durante todos estos años.

Curiosamente, la Junta ya aprobó en el año 2008 el derribo del edificio cuando el delegado del Gobierno del momento, José Antonio Gómez Periñán, declaró que la Junta iba a estar de acuerdo con lo determinasen Adif y el ayuntamiento, que no era otra cosa que la demolición del edificio.

El Colegio de Arquitectos de Cádiz ha sido siempre una de las voces más críticas con la permanencia del edificio. Lo hizo en su día cuando estaba vivo el debate y lo hace ahora cuando vuelve a ponerse encima de la mesa la idea de que la decisión sobre la protección del edificio se pueda revertir.

Su decano, Víctor Manuel Gómez, recuerda que participó en un debate sobre este edificio cuando aún no dirigía el colectivo de los arquitectos, "y ya dije que este edificio ha de ser demolido por varias cuestiones, entre ellas que no tiene el más mínimo valor arquitectónico, no responde a lo que aparenta y está en un sitio en el que nunca debería haber estado, es decir, tapando a otro edificio de mucho más valor". En este punto, el decano señala que las estaciones de trenes deben estar en un gran espacio abierto.

Víctor Manuel Gómez matiza, no obstante, que para ningún arquitecto "es apetecible tirar un edificio pero en esta cuestión hay que tener en cuenta que hay un bien que impide el desarrollo de la ciudad".

El decano de los arquitectos considera que "por desgracia no se han podido hacer las obras que estaban prevista", pero esto a la vez se ha convertido en una ventaja porque "puede hacer que la decisión sea distinta a la que se tomó en un principio".

Gómez afirma que lo sucedido con este edificio "debe hacernos reflexionar acerca de cómo se está moviendo ahora la sociedad". De este modo, recuerda que un grupo "consiguió 2.000 firmas que es apenas el 1,5% de la población de Cádiz y consiguió imponer una decisión". Por todo ello, el decano del Colegio de Arquitectos concluye que "es una buena noticia que va a permitir que prevalezca la lógica".

El expediente de protección se inició con el mandato de Dolores Caballero como delegada provincial de Cultura, aunque posteriormente fue con Yolanda Peinado cuando se desarrolló el expediente y se tomó la decisión de que no se debía derribar el edificio. Para ello se apoyaron en el informe de unos arquitectos que de terminaron que el inmueble debía ser protegido.