No hay un problema en la ciudad que no acabe en una bronca política. Los destrozos que la borrasca Emma y la virulencia de las mareas provocaron en las murallas del paseo Fernando Quiñones y la entrada de la Punta de San Felipe acabaron con un cruce de reproches entre el Ayuntamiento de Cádiz -gobernado por la unión de Por Cádiz sí se puede y Ganar Cádiz en Común- y la Subdelegación del Gobierno, con el apoyo del PP de la capital gaditana.

Abrió fuego el Ayuntamiento de Cádiz con un comunicado en el que denunció que el Gobierno central no había hecho caso a los requerimientos que se había mandado a la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico para que actuara en la rehabilitación de las murallas en los dos espacios afectados. Desde el equipo de Gobierno aseguraron que no entienden "cómo han podido dejar que se caiga y se derrumbe un recinto amurallado con el enorme riesgo que esto supone para la ciudadanía y el enorme valor patrimonial que tiene". Por ello, el Consistorio gaditano solicitó que se intervenga con urgencia en las murallas de la ciudad porque, además del patrimonio, "se encuentra también en juego la seguridad ciudadana y eso sí que no lo vamos a consentir".

Toda acción provoca una reacción. El subdelegado del Gobierno, Agustín Muñoz, afirmó en otro comunicado que la Demarcación de Costas actuará en las zonas afectadas "con la máxima diligencia". "Se hará con todas las garantías procesales y administrativas", resaltó Muñoz.

Respecto a la situación de las murallas, el responsable del Estado en la provincia indicó que la borrasca "ha llegado a la costa gaditana con una virulencia inusitada, con olas de unos siete metros de altura", lo que ha provocado en las murallas "daños ajenos a los habituales que se pueden producir".

En el apartado de los reproches, Muñoz recordó al Ayuntamiento que tiene que acometer la parte que le corresponde en el Baluarte de San Roque tras haber intervenido Costas en la parte inferior de la muralla.

Por último, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, afeó al equipo de Gobierno que eluda responsabilidades y entró de lleno en la polémica sobre la situación de los chiringuitos al preguntar que "quién va a pagar los daños ocasionados".