La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a ocho años de prisión a una pareja por haber estafado a varios ancianos a los que robaron tras hacerse cargo de ellos en una residencia de Chiclana, que fue denominada como "casa de los horrores", aunque la absuelve de los delitos lesiones y maltratos de los que también había sido acusada.

En la sentencia se considera probado que la pareja, de nacionalidad alemana, se dedicaba, sin tener licencia ni formación para ello, al cuidado de personas mayores de nacionalidad extranjera, como un alemán o un matrimonio de origen holandés, que presentaban diferentes patologías.

Mientras les cuidaban, los acusados lograron con el consentimiento de los ancianos abrir cuentas a sus nombres, obtener poderes sobre ellas y extraer importantes cantidades de dinero, además, incluso de poner a la venta viviendas y otras propiedades, cuyos beneficios se quedaron.

En 2017 continuaron su acción delictiva, según esta sentencia, con una mujer, de origen rumano, con la que también contactaron para cuidarla y obtener beneficios de sus bienes.

La mujer terminó ingresando en el Hospital de Puerto Real en un estado deplorable y murió al día siguiente de ser dada de alta, de tal forma que en su testamento dejó todos sus bienes como herencia a la pareja condenada.

A pesar de lo solicitado por la Fiscalía, la sentencia considera que todos los residentes a los que cuidaron, aunque “no vivían dotados de lujos”, tenían condiciones dignas para residir y no consta que los acusados agredieran, maltrataran o desatendieran grave y voluntariamente la alimentación, vestido y tratamientos médicos de los ancianos.

Por eso, la Audiencia condena a la pareja a ocho años de prisión por los delitos de apropiación indebida y estafa en concurso medial, y un delito continuado de falsedad en documento público y, en cambio, les absuelve de los delitos de lesiones y maltrato continuado.

La sentencia condena a la pareja a pagar indemnizaciones de casi un millón de euros y anular las escrituras públicas que algunas de las propiedades que adquirieron ilícitamente.

El fallo judicial acuerda la prórroga de la prisión preventiva incondicional hasta el límite máximo de cuatro años (la mitad de la prisión impuesta), lo que les mantendrá en la cárcel hasta el 21 de marzo de 2022.

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.