Argentina en las Cortes de Cádiz
Historia de Cádiz
Hasta cinco diputados del Virreinato de la Plata, en el que se encontraba Buenos Aires, participaron en las reuniones constituyentes que aprobaron la Constitución de Cádiz de 1812
Las lecciones del Doce

El Virreinato del Río de la Plata instituido en 1776, fue el último en su género que se creó en la América española, partiendo a mediados del siglo XVIII cuando la Corona empezó a tomar conciencia del valor estratégico del cono sur americano, sobre todo, por la amenaza inglesa. Era un amplio territorio que comprendía regiones como las actuales Argentina, buena parte de Paraguay, Uruguay y las provincias de Charcas y Potosí, con una población total que apenas rebasaba el millón de habitantes. Su importancia económica, basada en la ganadería, el trigo, el maíz y el mate, fue creciendo paulatinamente hasta llegar a convertirse Montevideo y Buenos Aires en dos importantes enclaves a principios del siglo XIX, especialmente esta última ciudad que, por entonces alcanzaría los 45 000 habitantes. Era una de las zonas más conflictivas, siempre bajo el punto de mira de Inglaterra, pero, también, de la infanta Carlota Joaquina del Brasil, hermana de Fernando VII.
El Río de la Plata fue uno de los territorios de la América hispana donde más pronto se recibió buena parte del pensamiento ilustrado, debido, precisamente, a ciertos pensadores españoles que allí encontraron firmes partidarios. Como denominador común subyacía un espíritu renovador como alternativa a un sistema inmovilista, el Antiguo Régimen, que muchos consideraban ya caduco y agotado. Fue entonces cuando empezaron a surgir los movimientos emancipadores, no siempre bien coordinados y con algunas disputas internas, aunque desde el principio se intentó asentar la autoridad de Buenos Aires sobre determinados territorios del Virreinato como el sur del Perú y Paraguay. Caso distinto fue la llamada Banda Oriental (Uruguay), donde resistió por un tiempo, bajo el control del virrey Elío, que representaba la autoridad real, con la ayuda portuguesa. A tal punto había llegado la insurrección contra España, que, poco antes de la promulgación de la Constitución de 1812, la ‘Gaceta de la Regencia’, desde su óptica metropolitana, hacía especial hincapié en que “la ferocidad e imprudencia de la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, ha ido en aumento”. A su vez, denunciaba, tanto “los sangrientos sucesos que se han repetido”, como “las desavenencias introducidas entre los mismos facciosos”, en despectiva referencia a los elementos secesionistas, que “amenazan nuevas catástrofes”, sin contar para nada con el pueblo “juguete de algunos malvados”.
Al final, todos estos movimientos, en su conjunto, lograrían la definitiva independencia de España, sobre todo a partir del decisivo Congreso de Tucumán de 1816, destacando en este complejo proceso, donde las provincias se empeñaban en ser autónomas, nombres como los de Liniers, Belgrano, Saavedra ... hasta llegar a Bernardino Rivadavia que en 1826 sería el primer jefe de Estado de las “Provincias Unidas del Río de la Plata” y que, por cierto, ya exiliado moriría en Cádiz el año 1845.
El Virreinato del Plata y los diputados propiamente ‘argentinos’
Lo que comúnmente llamamos Cortes de Cádiz fueron, oficialmente, Cortes Generales y Extraordinarias de la Monarquía Española, en cuyo llamamiento estuvieron incluidos los territorios ultramarinos sin excepción alguna, pues hasta el actual estado de Nuevo Méjico, que hoy pertenece a Estados Unidos, tuvo representación propia. Esta innovadora forma de entender la nueva composición de dichas Cortes quedaría plasmada significativamente en el artículo I de la Constitución de 1812, al entender a la Nación española como “la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”. En consecuencia hubo un total de 67 diputados, de los que tres correspondieron al archipiélago de las Filipinas. Un número muy inferior si proporcionalmente lo comparamos con la España peninsular, cuya población era notoriamente menor, lo que provocó constantes críticas de aquellos diputados, como así se refleja en el Diario de Sesiones con bastante insistencia.
En este reparto, el Virreinato del Plata estuvo representado en Cádiz por cinco diputados, de los cuales dos de ellos fueron titulares de sus respectivos nombramientos, el canónigo Mariano Rodríguez de Olmedo, elegido por la circunscripción de Charcas, y Rafael Zufriátegui, capellán del Real Cuerpo de Artillería del Río de la Plata, por la de Montevideo. El primero de ellos, de pensamiento absolutista, siempre mostró su lealtad a España, aunque con constantes reivindicaciones para el progreso de su provincia como su solicitud para que las rentas de la extinta Inquisición se destinaran a la creación de cátedras de agricultura, mineralogía y medicina. El segundo, también absolutista, es el típico representante de las autoridades coloniales de su provincia, que, si bien consiguió la creación de un consulado en Montevideo, solicitó en varias ocasiones el envío de tropas contra los insurrectos de Buenos Aires.
Respecto a los otros tres, fueron elegidos en Cádiz, como diputados suplentes, el capitán Manuel Rodrigo Rodríguez, el abogado Luis López Lisperguer y el teniente coronel Luis de Velasco Camberos. Representan el cupo más ‘argentino’, habida cuenta de que respondían a la circunscripción de Buenos Aires, aunque téngase en cuenta que por entonces el topónimo ‘Argentina’ no se usaba con categoría de denominación territorial propiamente dicha, si bien tal denominación ya aparece en el poema épico de Martín del Barco (1602). En los años 1826 y 1830 empezaría a aplicarse con más asiduidad, aunque no sería hasta 1860 cuando Santiago Derqui en Paraná acordaría el uso oficial del término República de Argentina (todavía Confederación), ratificado luego en 1862 por Bartolomé Mitre, primer presidente del país reunificado.
Francisco López Lisperguer fue un conservador y defensor de la clase criolla, que abogó por los derechos de los indios, aunque matizando que deberían estar representados por ellos mismos. Firmante de la Constitución, aunque no aprobaba las reformas que consideraba como más radicales, sí abogó por un modelo de monarquía moderada. Por su parte, Manuel Rodrigo Rodríguez, aunque los insurgentes americanos le propusieron pertenecer a la Logia de los Caballeros Racionales, rehusó, lo que no fue óbice para que fuera acusado de pertenecer a la masonería cuando la reacción de 1814. Actuando siempre al margen de su provincia, sin poderes ni ningún tipo de instrucciones, participó solamente en el debate sobre la libertad de imprenta y mostró sus permanentes recelos ante las veleidades expansionistas de Brasil sobre la zona del Plata. Por último, Luis de Velasco, nacido en Charcas, que luchó en la Guerra de la Independencia española y formó parte de la comisión de Guerra. Propuso la creación de una Orden, titulada ‘La Espada de San Fernando’, para premiar el valor en campaña, sin prodigar grados ni ascensos, y que fue el primer paso para la fundación de la Orden del mismo nombre, que más tarde aprobarían las Cortes. El 16 enero 1811 posiblemente pronunció su mejor discurso, insistiendo en que se cumpliera la igualdad de representación de las provincias americanas respecto a las metropolitanas.
Sin embargo, estos tres diputados estuvieron muy mediatizados por la cuestión independentista, siempre muy presente en ellos, hasta el punto de que llegaron a plantearse su retirada de las Cortes, dado que habían recibido noticias de las Juntas Revolucionarias, abiertamente insurgentes contra España, en las que se les manifestaba que no gozaban de ninguna facultad de representación. En consecuencia, presentaron una exposición donde suplicaba que se les eximiera de asistir a las sesiones de Cortes, como muestra de desacuerdo por la política llevada a cabo con sus respectivas provincias. La respuesta de las Cortes no pudo ser más tajante, tachando de “ilegal” dicha exposición e instándoles a que siguieran asistiendo al Congreso “en cumplimento de su deber”.
La influencia de la Constitución de 1812 en Argentina
Básicamente dos circunstancias muy especiales propiciaron que la Constitución de 1812 tuviera, en principio, muy escasa proyección en aquellos territorios. Primero, porque dos años después de su promulgación fue derogada por Fernando VII y, segundo, porque, desde 1809 en adelante, ya empezaron a proliferar brotes independentistas, surgidos en buena medida en torno a las juntas criollas de Buenos Aires, Chile y parte de Nueva España.
Sin embargo, la influencia de la Constitución gaditana fue notable en el Río de la Plata, bien directa o indirectamente, a pesar de los primeros rechazos a aceptarla, debidos más bien a la situación política imperante dentro del contexto emancipador y sus guerras consecuentes. El Gobierno de Buenos Aires optó por rechazarla, aunque el principal centro de su aceptación radicó en Montevideo, siendo jurada y observada durante el tiempo en que permaneció fiel a España. Posteriormente, en Argentina se elaboraron en 1819 y 1826 sendos textos constitucionales, precedidos por el Estatuto de 1815, así como por un reglamento de carácter provisorio en 1817.
Ambas Constituciones, aunque contemplan elementos provenientes de la norteamericana de 1787, lo cierto es que tienen como soporte principal el texto gaditano de 1812, sencillamente porque se adaptaba mucho mejor al ámbito hispanoamericano. Como botón de muestra digamos que todo el complejo sistema de elección indirecta español, sería precisamente el mismo que presentaría la comisión oficial para la Constitución de 1819, de fuerte centralismo y ante su clara indefinición en materia electoral. También la propia reforma religiosa, concluida luego por Rivadavia, estuvo claramente inspirada en el modelo gaditano, si bien la Constitución de 1826 básicamente solo encontraría arraigo en la zona porteña frente a los manifiestos recelos de las provincias del interior.
Aún así, hay quienes sostienen que los ecos doceañistas llegarían todavía, aunque sin reconocerse explícitamente, hasta la llamada Constitución Histórica de 1853-1860. Su principal fuente de inspiración fue la obra ‘Bases’ del pensador Juan Bautista Alberdi (Tucumán, 1810), abogado y diplomático, impulsor del desarrollo económico y cultural, que criticó duramente el “estatismo” de la herencia española como un freno para el futuro progreso de los pueblos americanos. Admirador de la cultura anglosajona, optó también por una futura emigración europea, como así ocurriría en años siguientes. Con todo, para concluir, nos quedamos con esta cita suya: “Nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español…”.
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