Altadis inicia una campaña de presión política con amenazas de más recortes

Altadis "ha cambiado de estilo". La antigua Tabacalera Española, hoy propiedad de la multinacional británica Imperial Tobacco Group, ha puesto en marcha una campaña de presión política en las comunidades autónomas donde tiene presencia a través de plantas de producción o centros logísticos, para advertir de las consecuencias que depararía el endurecimiento de la Ley Antitabaco que hoy precisamente inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso.

El director general de la filial, Dominic Brisby, ha remitido una carta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la que expresa su inquietud ante la intención del Gobierno central de prohibir totalmente el consumo de tabaco en lugares públicos porque, a su juicio, esta medida "podría tener consecuencias negativas sobre los intereses económicos de la región". Tal y como avanzó en una entrevista a Diario de Cádiz, el ejecutivo tabaquero condiciona el futuro de la planta de la capital a la reforma legislativa, ya que considera que la ampliación del veto tendría una "repercusión negativa" y se "uniría" a otras situaciones desfavorables que afectan a esta industria, como "la evolución del mercado de cigarrillos, en constante descenso, (...) la creciente fiscalidad o el incremento de la presión regulatoria". "Todos estos factores podrían poner en riesgo nuestro plan empresarial y podrían afectar seriamente a la viabilidad de la planta de Cádiz", según reiteró ayer la compañía en un comunicado de prensa.

Este mensaje, mezcla de advertencia y amenaza, no se ha dirigido sólo a la Junta de Andalucía, sino que, según informaron fuentes sindicales, lo ha llevado a los ejecutivos de Cantabria, La Rioja y Extremadura, donde la empresa también mantiene plantas de producción tras la reciente reestructuración que conllevó el cierre de las instalaciones de Alicante. Dominic Brisby "solicita" a los presidentes regionales, entre ellos a Griñán, que transmitan su "preocupación" "al grupo parlamentario de su partido en el Congreso de los Diputados y al Gobierno de la nación". Incluso, va más allá y directamente pide al dirigente autonómico andaluz que se posicione en contra de la reforma y "abogue por el cumplimiento de la Ley en las condiciones actuales, que respetan la libertad de elección de fumadores y no fumadores".

En la misiva, el director general, nombrado por Imperial Tobacco tras la absorción de Altadis, argumenta y recuerda en este sentido que "la insistente y asfixiante presión regulatoria contra el tabaco ha sido uno de los factores decisivos que ha obligado a llevar a cabo distintos procesos de reestructuración en los últimos años". Los más recientes se produjeron en 2005 y 2009. En el primero, el complejo industrial gaditano de Zona Franca sufrió un gran varapalo porque supuso el cierre de la fábrica de cigarros y el final de esta histórica producción, que se trasladó a Cantabria. El último, que se aplicó progresivamente el año pasado, significó la clausura de dos de las tres plantas remanentes (las de tabaco reconstituido y de preparación de ligas), además de la salida de más de 200 trabajadores. Tras este último fuerte recorte, las instalaciones de la capital sólo cuentan con una zona de procesamiento de tabaco expandido y una plantilla mínima que a finales del ejercicio estaba formada por 67 empleados (además de otros 21 incluidos en el ERE que saldrán este mes de junio tras el desmantelamiento del área de reconstituido).

Además del efecto que la nueva ley podría tener en las decisiones de la multinacional, Brisby alerta de que afectará "muy negativamente a otros sectores tan relevantes para la economía española en general y la andaluza en particular, como la hostelería, el ocio y el turismo". El directivo pone como ejemplo Reino Unido, donde asegura que, tras el endurecimiento hace tres años, "han cerrado 4.000 pubs y han perdido su empleo 40.000 trabajadores". En España, a su juicio, la repercusión "sería aún mayor", "devastadora" llega a calificar, por el gran peso del sector servicios. Además, Brisby menciona otros dos sectores que "indirectamente" se verán afectados por la normativa: el de distribución de alimentación y bebidas, y el vending (máquinas de tabaco).