El Ayuntamiento de Cádiz, a través de su empresa municipal Aguas de Cádiz, y la Junta de Andalucía mantienen un contencioso desde hace tiempo por el estado del emisario de aguas pluviales de la playa Santa María del Mar-Victoria o, mejor dicho, por la desprotección que tiene la tubería por el colapso que ha sufrido toda la estructura que la rodea.

Esto es algo que ha reclamado desde hace años Aguas de Cádiz por unas obras que proyectó y ejecutó la Junta de Andalucía por el convenio marco firmado entre las dos administraciones para la eliminación de vertidos en la ciudad de Cádiz que se firmó en el año 1994. Aquellas obras tuvieron un coste cercano a los ocho millones de euros y dieron comienzo en marzo de 2007, aunque no concluyeron hasta mayo de 2011 debido a diversos problemas que surgieron a lo largo de su ejecución.

Por ejemplo, en 2009 el colector que discurre paralelo con la ribera del mar por la playa Santa María del Mar quedó al descubierto por efectos de las mareas provocando la rotura del paseo marítimo que se proyectó para la protección de la conducción. Durante la obra, por tanto, se decidió modificar la protección colocando bloques de hormigón, aunque solo se hizo en parte del ramal afectado y, al no alcanzar el sustrato rocoso, no se garantizó la protección frente a la regresión de la playa.

Los deterioros siguieron y se produjeron nuevos y mayores daños tanto en 2014 como en 2016 y en 2018 ya que los temporales destruyen la protección y dejan al descubierto el colector de pluviales. En el invierno del pasado año se observó que continuaba la regresión del perfil de playa y de la pérdida de arena con lo que aumentó el deterioro de las obras con desprendimientos de los bloques de hormigón. Esto tuvo como consecuencia la presencia de oquedades que ponían en peligro la estabilidad superior de los bloques además de que, en gran parte del trazado, el tubo está al descubierto en más de la mitad de su diámetro.

Por ello, y ante el peligro que podía causar a los propios bañistas de la playa por posibles desprendimientos, Aguas de Cádiz decidió acotar la zona y prohibir el paso por la misma.

Asimismo anunció la posibilidad de emprender acciones judiciales ante la Junta, ya que entienden que la obra no está recepcionada por el ayuntamiento y que los problemas que presentan son vicios ocultos por la ejecución, por lo que la solución debe correr también por parte de la Junta.

Recreación de cómo sería la berma con el tubo del colector en el interior.

Sin embargo, la dirección de Aguas de Cádiz y los técnicos han ideado esta solución que quieren presentar al director general de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía. La empresa pública municipal quiere ir con el proyecto bien cerrado para tener la solución lo más cerrada posible. Así, además de la elaboración de un informe pericial sobre los problemas que sufre este aliviadero y también el de La Paz-Puntales, le ha seguido también un anteproyecto de la solución, que vendría con la construcción de una berma con hormigón para proteger el tubo y un revestido de piedra ostionera para no romper con el entorno, es decir, una especie de zapata que recubriría el tubo a lo largo de toda su longitud.

Aguas de Cádiz considera que esta solución es la más barata y también la más estable. Ahora mismo lo que está haciendo la empresa municipal es el estudio económico para ver cuánto podría costar la obra que para su ejecución necesitaría una duración entre los seis y los ocho meses.

Esta propuesta que va a llevar Aguas de Cádiz a la Junta es menos radical que la que suponía replantear todo lo que se había hecho y hacer una gran obra que supondría el levantamiento del Paseo Marítimo y después llevar el tubo del colector por debajo de las escolleras, lo que incrementaría de manera muy considerable la obra.

La empresa Aguas de Cádiz considera también que con esa berma se conseguiría otro objetivo y es la de proteger la muralla, ya que el agua daría directamente sobre ella en los temporales que se producen cada invierno.