La Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi) ha convocado una manifestación el próximo viernes para denunciar los problemas que tienen las personas con movilidad reducida para poder utilizar el transporte público interurbano. La convocatoria partirá a las 12 de la mañana de la puerta del Centro de Valoración y Orientación (CVO), situado en el Fondo Sur del Estadio Ramón de Carranza. La manifestación saldrá hacia la avenida Juan Carlos I para coger por la calle Alcalde Manuel de la Pinta y finalizar en la glorieta de la Zona Franca, en donde se encuentra la sede del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. Allí, se leerá un manifiesto que se pretende entregar a algún responsable de este organismo.

El detonante del malestar de las personas con movilidad reducida, tal y como explica la trabajadora social y responsable del área de accesibilidad de Agadi, Maribel García, ha sido la eliminación del transporte adaptado para movilizar a las personas que acuden a diario al Centro de Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF) del Imserso en San Fernando, que ha afectado a más de 20 personas. A partir de este hecho, García cuenta que "han aflorado las incidencias múltiples que se producen en el transporte interurbano de autobuses en la Bahía de Cádiz".

Tomando el ejemplo de las personas que tienen que acudir al CRMF de San Fernando, la trabajadora social señala que "un socio nuestro que tarda en llegar de aquí a San Fernando unos 20 minutos, ahora puede tardar una hora y media en llegar porque han pasado tres autobuses supuestamente accesibles con su logotipo y todo, pero la rampa está estropeada".

Tras la quejas, expone que el CRMF "ha vuelto a poner el transporte, aunque con unos servicios mínimos que no cubren a todo el mundo". Por ello, resalta que "si hubiera un transporte público en la Bahía como debiera, un alto porcentaje de estas personas que van al centro podrían coger su transporte público sin problemas y no necesitarían este transporte adaptado".

Otro caso parecido que apunta la trabajadora social es el de Amina, una joven con parálisis cerebral que vive en el Río San Pedro y debe coger el autobús a diario para recibir clases en Cádiz. "Día sí y día también se ha visto tirada porque no funcionaba la rampa del autobús aunque llevaba el logotipo de accesible", afirma.

Entre las vicisitudes que sufren las personas con movilidad reducida para desplazarse a otras localidades, García denuncia que existen casos en los que "hay que llamar para decir que quieres coger un autobús adaptado en tal parada, por lo que no tienes libertad para coger un autobús. Si estás en Rota y, por ejemplo, quieres ir a Cádiz, tienes que llamar para asegurarte que el autobús está adaptado y que sepa quien vaya a conducirlo que vas a estar en la parada".

Para defender los derechos de las personas con movilidad reducida, García se atiene a lo que se indica en el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, sobre los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y el artículo 49 de la Ley 4/2017, del 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. En ellos, se señala que el transporte de viajeros deberá cumplir las condiciones de accesibilidad que marque la normativa. "Ha habido múltiples reclamaciones e, incluso, nos han contestado con materia legal anticuada. No se molestan ni por actualizarse en la normativa de accesibilidad", se queja García.

Otro aspecto en el que incide la trabajadora social de Agadi es en la necesidad de regular el transporte adaptado en furgonetas que se realiza desde las diferentes entidades sociales. "No tiene un blindaje normativo a nivel autonómico que le asegure una figura jurídica, ya que no es ni público ni privado", remarca. De hecho, cree que es necesario "facilitar a las entidades sociales que puedan disponer de un transporte adaptado específico", ya que en la actualidad existen una serie de requisitos en cuanto a la flota y la renovación de las furgonetas que "las entidades sociales no se pueden permitir".

Con todo, García espera que esta manifestación tenga efecto para que las administraciones se conciencien de las necesidades de un colectivo "con el que no están acostumbrados que proteste".