En octubre de 1966 el obispo Antonio Añoveros encargó a todas las parroquias de la diócesis de Cádiz la elaboración de un informe, el primero de estas características, sobre el estado de la vivienda en la ciudad.

Obispo de calado social, defensor del Concilio Vaticano II, del que formó parte, tenía claro que la Iglesia no podía callar ante las injusticias sociales. "Nada más propio de la Iglesia que avivar y estimular la conciencia de todo el pueblo de Dios, para que sienta y anime iniciativas, colaboraciones, a fin de que nuestros hermanos, especialmente los económicamente más débiles, puedan disfrutar de una vivienda suficiente, higiénica, alegre, luminosa", decía en el inicio de una carta pastoral que sobre este problema público en abril de 1967.

La precariedad en la que vivían miles de familias gaditanas no era un secreto. Era una lacra que atrapaba a la sociedad gaditana desde décadas antes. Siglos incluso si tenemos en cuenta que buena parte de la historia de Cádiz vivía constreñida entre los muros de la muralla, con poco más de un kilómetro cuadrado de superficie. Sin espacio para miles de habitantes, las clases bajas vivían literalmente apiladas en casas en muchos casos insalubres. Y así se siguió año tras año, sin apenas mejorar a pesar de la expansión de la ciudad por extramuros iniciada la década de los años cuarenta del pasado siglo.

Por eso Añoveros sabía que la vivienda era en ese 1967, cuando Cádiz tenía el mismo número de habitantes que tiene ahora, cincuenta años después, el principal problema de la capital. "Para todos es un deber de conciencia hacer lo posible para evitar los hacinamientos, con las lógicas consecuencias dolorosas de índole moral, física, psicológica, religiosas. Mescolanzas en un solo techo, en una sola habitación, de padres e hijos, de hermanos de distintos sexo, a veces de varios matrimonios. No es difícil que de esas condiciones broten aberraciones morales, contagios de enfermedades, tedio de la vida, agudo descontento, rebeldías sociales", se lamentaba el obispo.

La carta pastoral hacía un sucinto resumen del informe centrado en la capital. Así, se llegaron a censar 27.349 familias en las doce parroquias que entonces funcionaban en Cádiz. De éstas 3.160 "malviven en una sola habitación". El propio obispo hacía un calculo de miembros por familia que le llevaban a alertar sobre la situación de 15.800 gaditanos "que desarrollan su vida de hogar en condiciones a todas luces infrahumanas". A este dato, ya de por sí alarmante, unía el obispo otro igualmente preocupante, el referido a quienes residían en casas con solo dos habitaciones: 4.475 familias con unos 22.375 habitantes.

El documento hace referencia del uso común de aseos (6.135 viviendas), con apenas luz natural (5.201) y con deficiente ventilación (5.460).

Reclama el obispo al Ministerio de la Vivienda, tras datos tan elocuentes, medidas excepcionales para Cádiz y anima a los promotores. "Tened fe, esperanza y fuerte voluntad en la tarea emprendida, en la puesta a punto de nuevos proyectos, por grandes que sean las dificultades. Dios está con vosotros y también todos los hombres de buena voluntad", les dice a la vez que reclama a la iniciativa privada inversiones para que no existan "capitales muertos cuando acucian en tan alto grado razones de bien común".

Antonio Añoveros no duda en llamar la atención a los propietarios de pisos de alquiler "que imponen rentas abusivas y caprichosas a los indefensos y necesitados inquilinos, así como los que especulan con el suelo, haciendo muy difícil, casi imposible, la construcción de viviendas asequibles para los menos pudientes. Eso no es cristiano ni humano".

En una sociedad controlada por una dictadura, sacar a la luz pública esta realidad oculta debía de doler. Pero poco más, porque las exhortaciones del obispo se perdieron por el camino. La administración, entonces única, no aceleró la construcción de la vivienda social mientras que la iniciativa privada siguió limitando sus proyectos a las clases más pudientes de la sociedad.

La persistencia de esta situación llevó al obispo a redactar una segunda carta pastoral sobre la vivienda. La publicó apenas un año más tarde que la primera y su contenido fue, más allá de los datos (que se reflejan en estas mismas páginas), mucho más duro hacía quienes no tomaban medidas para paliar esta tragedia. Más aún, es un documento que deja en evidencia el funcionamiento social del Régimen.

"A la vista de cuanto hemos presenciado, tenemos que proclamar que muchos de nuestros hijos en Cádiz ciudad por lo que hace a la vivienda apenas son estimados como personas humanas, sufren grave quebranto en su vida corporal, padecen serias dificultades en orden al comportamiento cristiano. Ante estos hechos, el obispo no puede callar (…) La necesidad es tan grande y los que la padecen están tan cansados de sufrir que entre todos debemos buscar las posibilidades de solución", escribe sin ningún temor el obispo.

Si el simple relato de las condiciones de vida de muchas familias gaditanas era suficiente para justificar el documento pastoral, Añoveros se apoya también en el Concilio Vaticano II, para él un camino a seguir desde su retorno a Cádiz, como un obispo que mira al progreso frente a una curia aún controlada por el integrismo franquista. Así, habla del "escándalo" que suponen las "excesivas desigualdades económicas y sociales", y la obligación de las instituciones de "luchar con energía contra cualquier esclavitud social".

Hábil en la gestión pública de sus opiniones, Antonio Añoveros expone en las dos cartas pastorales los datos oficiales sobre la construcción de viviendas. Pero lo que para la administración podría considerarse como una referencia elogiable hacia su trabajo, queda rápidamente en evidencia, y bordeando el ridículo, cuando el obispo pone sobre la mesa el estado de degradación de miles y miles de familias en la capital.

Y ante esta inoperancia de la administración franquista, Añoveros lanza un reto público en su segunda carta pastoral. Más allá de la crítica, se atreve a exponer propuestas.

Pone sobre la mesa, así, la creación de un fondo de dinero a través de donativos particulares, préstamos sin interés o con interés módico, contribución de entidades bancarias, fondos de campañas de caridad, subvenciones estatales, además del fomento de cooperativas.

Se plantea la cesión de suelos "en condiciones asequibles" para la construcción de viviendas sociales, a la vez que reclama la participación de empresas constructoras.

Pero la propuesta del obispo gaditano da un paso más. La Diócesis aporta suelo para la construcción de una promoción por parte del Patronato de Viviendas de la Sagrada Familia. Y a la vez Antonio Añoveros ofrece la Casa de la Iglesia, donde se encuentra su propia residencia, "y cuantas edificaciones de la iglesia ofrezcan condiciones de habitabilidad, para que se acomoden en ellas las familias necesitadas2. Y para terminar anuncia la aportación de 100.000 pesetas "como primera contribución de la diócesis a esta urgentísima necesidad".

Antes de estas dos cartas pastorales, Antonio Añoveros ya había dado señales de que no tenía pelos en la lengua a la hora de denunciar cuestiones sociales ni enfrentarse a la administración. Lo hizo, por ejemplo, cuando renunció a una cuantiosa subvención estatal para ejecutar obras en la Catedral (que estaba a punto de clausurarse por su estado ruinoso). Dijo entonces que no era ético destinar este dinero a arreglar un templo cuando había tantas necesidades entre su feligresía. La hiprocesía de la época no entendió, o no quiso entender, esta reflexión.

Y eso que la administración franquista era consciente del problema de la vivienda en la capital.

Cada año, desde que fue nombrado alcalde de Cádiz, José León de Carranza, escribía un discurso que suponía una resumen de la gestión anual de su gobierno. Y no pasaba un año sin que se reconociese la falta de viviendas sociales en la ciudad, acrecentada tras la explosión de 1947.

Tras la tragedia, Cádiz se incluyó dentro del Plan de Regiones Devastadas. Se suponía que ello iba a permitir acelerar la construcción de promociones públicas. Este compromiso nunca se cumplió, provocando más de un encontronazo entre Carranza y el Ministerio de la Vivienda, a cuya sede en Madrid se negaba a entrar para no encontrarse con un director general que, decía el alcalde, no paraba de poner trabas al desarrollo de proyectos públicos en Cádiz.

El Ayuntamiento de Carranza llegó a diseñar incluso un ambicioso proyecto de remodelación del degradado barrio de Santa María en 1953, que se llevaba por delante a la mitad de las fincas. El objetivo, más que arreglar el problema de la vivienda, era abrir una avenida que conectase el frente de Puerta de Tierra con San Juan de Dios. La imposibilidad de trasladar a los cientos de familias afectadas impidió esta operación.

Hace ahora cincuenta años el obispo Antonio Añoveros bendijo la nueva barriada de La Paz. Ese día, sin duda, las autoridades franquistas que presidieron este acto aguantaron con resignación la presencia de un obispo con el que no sintonizaban. Tal vez por eso las denuncias de Añoveros eran despreciadas y el caso que se le hacían a sus propuestas sociales, como estas centradas en la vivienda, nulas.