Universidades públicas exigen a la Junta de Andalucía cumplir el compromiso de financiación

Las universidades públicas andaluzas han solicitado formalmente a la Junta que cumpla las obligaciones y compromisos financieros recogidos en el modelo de financiación aprobado hace dos años, aludiendo a su sistemático incumplimiento por parte del Ejecutivo autonómico hasta la fecha. En una declaración conjunta, la comunidad universitaria ha advertido que, en ausencia de avances, no descartan impulsar acciones legales para reclamar el cumplimiento normativo del sistema.

Según el comunicado remitido por los rectores, ni el ejercicio de 2024 ni el de 2025 han cumplido los requisitos de la cláusula de salvaguarda del citado modelo. Dicha cláusula garantiza que la financiación no sea inferior al año anterior y exige que se vea incrementada de acuerdo a la revalorización de las retribuciones del personal universitario público. "Entre otros conceptos, este año se nos adeuda el 0,5% de la subida salarial del 2024 y, asimismo, sigue sin llevarse a cabo la actualización del Capítulo II, como también exige el modelo", indican las universidades. Además, critican que en el segundo reparto correspondiente a 2025, parte de los fondos –más de 37 millones de euros– han sido etiquetados como proyectos estratégicos, de carácter no consolidable, cuando "el pago de retribuciones siempre debe ser consolidable para ejercicios futuros, tal y como reconoce el modelo".

La comunidad universitaria destaca la existencia de otros incumplimientos agravados por la negativa persistente de la Administración autonómica de abonar los importes necesarios para implementar los acuerdos suscritos en Sevilla y Jaén por altas autoridades autonómicas, entre ellas el Consejero de Universidad, Investigación e Innovación y el presidente de la Junta de Andalucía. Estos compromisos económicos se refieren a la creación de nuevos complementos retributivos destinados al personal universitario –profesorado, técnicos, gestión, administración y servicios–, considerados como reconocimiento al desempeño profesional. Sin embargo, las universidades aseguran que "la Junta ha transferido a las universidades un importe claramente insuficiente para afrontar el pago de dichos complementos, ya que ni siquiera se han incluido los elevados costes de las cotizaciones sociales que se derivan de su aplicación".

Las instituciones universitarias advierten sobre el deterioro progresivo de su autonomía financiera y la sostenibilidad de sus servicios: "Una merma más en nuestras arcas, ya de por sí tensionadas por una infrafinanciación crónica". A lo anterior se añade la problemática gestión de los remanentes universitarios, con la autorización del gasto de 20 millones de euros provenientes de remanentes no afectados que, según relatan, sólo llegó en diciembre de 2024 para el presupuesto de ese año, "casi al cierre del ejercicio, y que aún no ha llegado a pocos días de finalizar 2025". Esta maniobra 'hace prácticamente imposible o muy arriesgado el uso efectivo de dichos remanentes, que, además, son insuficientes como plan plurianual de infraestructuras'.

El comunicado conjunto remarca que la reiteración de estos retrasos y recortes intranquiliza a la comunidad universitaria andaluza, la cual reitera la exigencia de que la financiación para la enseñanza superior reúna los fondos y previsiones recogidas en el marco regulatorio y en los acuerdos institucionales. 'De persistir los incumplimientos del Gobierno andaluz respecto de las obligaciones y compromisos asumidos con el sistema, las universidades públicas de Andalucía defenderán a través de las acciones legales que correspondan el cumplimiento del modelo'.

El modelo andaluz de financiación de las universidades públicas fue aprobado en 2023 con la finalidad de dotar de estabilidad presupuestaria y prever un crecimiento sostenido para los centros de educación superior. Este marco establece que, al menos, cada universidad debe recibir el 100% del presupuesto del año anterior y contemplar el incremento derivado de las subidas retributivas a su personal docente e investigador y al resto de plantillas. La llamada 'cláusula de salvaguarda' surge para impedir recortes y asegurar la continuidad de los compromisos económicos esenciales para el funcionamiento universitario.

Además, el modelo prevé una actualización anual para los denominados Capítulos II (gastos en bienes corrientes y servicios) y capítulos asociados a infraestructuras, que también han sido motivo de disputa, al no haberse realizado las correspondientes actualizaciones o transferencias en los ejercicios de 2024 ni de 2025. Los equipos rectorales han recordado que una financiación suficiente es indispensable no sólo para garantizar la actividad universitaria corriente, sino también para realizar inversiones, atraer y retener talento, así como construir nuevas infraestructuras que permitan adaptarse a las exigencias actuales de la sociedad y la economía andaluza.