La promotora del Algarrobico pide al TSJA que el Ayuntamiento no revise la licencia

La constructora Azata del Sol ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que archive definitivamente la ejecución de la sentencia sobre el polémico hotel de El Algarrobico. En un recurso de reposición, la promotora argumenta que el fallo judicial ya se ha cumplido con el mero inicio del expediente de revisión de la licencia de obras y acusa a la Sala de "introducir" nuevas obligaciones no contempladas en la sentencia original para forzar su finalización.

El movimiento legal de Azata se produce después de que el TSJA calificara de "excusas" los retrasos del Ayuntamiento de Carboneras en un auto dictado el 21 de noviembre de 2024. En dicha resolución, los magistrados ordenaban el envío inmediato de la documentación al Consejo Consultivo andaluz para avanzar en el proceso de revisión de oficio de la licencia otorgada en 2003. Aunque el Consistorio finalmente obedeció este mandato el pasado 5 de diciembre, remitiendo el expediente al órgano consultivo para evitar posibles responsabilidades penales, la batalla judicial continúa por vía paralela.

En su escrito impugnatorio, Azata mantiene que la sentencia original únicamente exigía "admitir y tramitar" el procedimiento, pero en ningún punto del fallo se imponía una obligación de culminar dicho proceso administrativo ni se predeterminaba su resultado final. La promotora considera que el tribunal está sobrepasando sus funciones al exigir ahora que el expediente se finalice antes de su caducidad, prevista para el 11 de enero de 2026.

El núcleo de la argumentación de Azata se basa en el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según expone en su recurso, "la ejecución no puede servir para alterar el contenido del fallo ni para introducir obligaciones nuevas". La promotora sostiene que el TSJA está vulnerando este precepto al añadir requisitos que no figuraban en la sentencia original.

La empresa constructora sale en defensa del Ayuntamiento de Carboneras, asegurando que la falta de secretario municipal no era una maniobra dilatoria, como sostienen los jueces, sino una "imposibilidad material y jurídica" real para avanzar en el procedimiento administrativo. Según la mercantil, la orden del tribunal de enviar "inmediatamente" la documentación al Consultivo obligaría al Consistorio a saltarse pasos legales intermedios esenciales, como la redacción de una propuesta de resolución.

"La Sala coloca al órgano municipal ante la disyuntiva de incumplir un auto judicial o incumplir su propio procedimiento aprobado y las garantías de los interesados", argumenta el recurso, que advierte sobre la inseguridad jurídica que genera esta fiscalización "permanente" de la actividad administrativa por parte del tribunal andaluz.

Hacia la ilegalidad

Mientras Azata solicita el archivo de la ejecutoria por considerar que la obligación judicial está "sustancialmente atendida" con el inicio de los trámites el 11 de julio de 2024, la realidad administrativa sigue su curso. Desde el pasado 5 de diciembre, el expediente se encuentra en manos del Consejo Consultivo de Andalucía, que debe emitir un dictamen vinculante para poder anular la controvertida licencia de obras concedida en 2003.

Este dictamen representa un paso previo indispensable para que el Ayuntamiento carbonero pueda certificar oficialmente la ilegalidad del hotel de 21 plantas y 411 habitaciones construido en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La petición de Azata choca frontalmente con esta realidad procedimental, ya que el expediente ha seguido avanzando a pesar de sus intentos por paralizarlo judicialmente.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que la estrategia de la promotora podría interpretarse como un último intento de evitar una declaración formal de ilegalidad que podría tener importantes consecuencias económicas y legales para la empresa. No obstante, el hecho de que la documentación ya se encuentre en el Consejo Consultivo complica notablemente sus pretensiones.

Si finalmente se declara nula la licencia de obras y se agotan todas las vías legales, el siguiente paso sería determinar el futuro del edificio inacabado. Las opciones principales serían la demolición total de la estructura o su reconversión para otros usos compatibles con la protección ambiental del entorno. La demolición, defendida por grupos ecologistas y parte de la sociedad civil, representaría un coste millonario que debería asumir alguna administración pública. La reconversión, aunque menos costosa, plantea dudas sobre su viabilidad técnica y legal en un espacio protegido como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.