La palabra de los profesores valdrá más a partir de ahora

Un cambio normativo que lleva más de un año de tramitación y debate pero que este martes ha visto definitivamente la luz. Y por eso, a partir de ahora (entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOJA) la palabra de los profesores no universitarios de Andalucía tendrán presunción de veracidad y cualquier agresión o intimidación hacia los mismos será considerado como un atentado contra la autoridad. Es decir, se podrá llevar ante la Fiscalía al ser considerado un delito. Hay que tener en cuenta, además, que no sólo el alumnado sino sus representantes legales (padres o tutores) también tienen el deber legal de respetar esa autoridad. Una reivindicación de los docentes y que los protege legalmente de las agresiones, incluso físicas, que reciben de algunos padres.

Esta es la principal novedad del decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, Ley 3/2021 de 26 de julio, y que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. La norma consolida el estatus del docente como autoridad pública, garantiza asistencia jurídica y psicológica gratuita y establece una Unidad de Apoyo al Profesorado para cada provincia.

El objetivo de la norma, según ha explicado la consejera de Educación, Carmen Castillo, "tiene como objetivo principal reforzar la consideración y el respeto debidos al personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones, buscando un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa". Eso además de garantizar la protección de los docentes y reforzarles en su papel, " clave para fortalecer el prestigio de la educación y fomentar valores como el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad en el alumnado". "Desgraciadamente se producen situaciones lamentables qeu tienen toda nuestra condena y repulsa así como la de toda la comunidad educativa y que atenta contra el derecho a la Educación", ha dicho Castillo.

Defensa jurídica gratis

El decreto que ha aprobado el Consejo de Gobierno también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario. En concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio de los docentes de los centros públicos, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones. Además, la consejería promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.

Carmen Castillo ha detallado que en este año 2025 se han producido 70 solicitudes de asistencia jurídica por parte de profesores que han sufrido agresiones y que han decidido acudir a los tribunales. A partir de ahora esos procedimientos se harán bien con cargo al cuerpo de letrados de la Junta, bien por un seguro de asistencia jurídica que tiene la Junta, bien mediante el pago del letrado que elija el profesor afectado. Se trata de una cifra similar a la de los últimos años, ya que una cosa son los incidentes o faltas de respecto "o consideración" y otra la denuncia ante los tribunales.

Unidad de apoyo

Los profesores andaluces también van a contar a partir de ahora con una unidad de apoyo en cada provincia. Dependerá de la Secretaría General de cada delegación territorial de Educación y contará con profesionales especializados que se encargarán de atender e informar al personal docente de centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) afectados por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender. La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral.

El Decreto tiene un ámbito de aplicación que además de abarcar a los centros educativos, se aplicará también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo cualquier acto que atente contra su integridad física o moral. Las agresiones que se atienden con este reglamento no serán sólo las que se producen en el centro escolar sino que incluyen el ciberacoso a los profesores. De esta manera, se pretende proteger a los docentes en todo su ámbito de trabajo y no sólo en el recinto de los centros educativos.