La Junta rechaza el dinero de Montero porque mantiene a Andalucía por debajo de la media

El Gobierno andaluz rechaza el modelo de financiación autonómica que ha presentado María Jesús Montero y lo hace más allá del discurso repetido en el PP. La consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, reconocía este lunes que efectivamente Andalucía es la comunidad que más fondos recibe con la propuesta de María Jesús Montero (4.846 millones de euros), pero duda de que eso sea lo justo, “somos los que más recibimos, es que siempre tenemos que recibir más porque somos la más poblada. ¿Es lo que nos corresponde? ¿Es lo justo? A falta de conocer la fórmula, lo que sí es cierto es que no soluciona la infrafinanciación de Andalucía porque seguimos por debajo de la media”, afirmaba al término del Consejo de Gobierno.

Más allá de las consideraciones políticas que han repetido los principales portavoces del PP, “es un apaño a oscuras que se ha negociado entre el líder de los independentistas y Pedro Sánchez”, desde el Gobierno andaluz consideran que la propuesta que han conocido no resuelve el déficit de recursos que tiene Andalucía para financiar los servicios públicos que presta a sus ciudadanos. No recoge ningún tipo de mecanismo de nivelación con respeto a las comunidades autonómas que más fondos han recibido hasta ahora, una situación que se mantiene con la propuesta de María Jesús Montero.

Carolina España defendía que Andalucía “no está en la media de las comunidades autónomas” en el nuevo modelo de financiación, “lo ha dicho la propia Montero que nos compensa con otro fondo”, añadía en referencia al Fondo de Compensación Interterritorial, que está situado fuera del modelo de financiación y que es una inyección económica puntual. María Jesús Montero cifró en 936 millones de euros esa cantidad para Andalucía en 2027, fecha de entrada en vigor de su propuesta si llega a aprobarse, pero eso no garantiza que los sucesivos gobiernos de la nación dispusiesen de esa misma cantidad.

El acuerdo del Parlamento de 2018

El equipo económico del Gobierno andaluz pone, además, el foco en las contradicciones en las que entiende que cae lavicepresidenta del Gobierno. En el acuerdo aprobado en el año 2018 por el Parlamento de Andalucía, y que salió de la propia María Jesús Montero, se rechaza expresamente la bilateralidad entre el Estado y las autonomías; la ordinalidad, que se mantenga el mismo puesto en la contribución y en la percepción de fondos, y el mantenimiento del statu quo, por el que consolida el orden de recepción de fondos por el Estado. “Entonces Montero defendía a Andalucía; ahora que plantea lo contrario, ¿también está defendiendo a Andalucía? ¿ o al independentismo catalán? por eso la mayoría del Parlamento andaluz está en contra como también lo habría estado el PSOE del año 2018”.

La gestión de los impuestos

El equipo económico de la Junta es favorable a que las comunidades autónomas gestionen un mayor porcentaje de los principales tributos, como el IRPF y el IVA, siguiendo la fórmula que plantea la ministra de Hacienda. “No estamos en contra”, decía Carolina España. Pero mantiene receles por la “excesiva voluntariedad” de la propuesta del Gobierno central.

En este sentido, preocupa especialmente cómo se van a financiar, y por cuánto, las competencias no homogéneas de las comunidades autónomas, “hay zonas oscuras”. Ayer, Renfe y la Generalitat de Cataluña constituían la nueva empresa Rodalíes que va a gestionar, en principio la R-1, el primer paso para la gestión de este sistema de transportes.

Y las leyes

Desde el Gobierno andaluz no dudan en calificar como electoralista la propuesta de María Jesús Montero. No sólo porque suponga una importante inyección de dinero para Andalucía sino también porque la ven irrealizable.

Al margen de lo que se debata mañana miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera entre el Gobierno y las comunidades autónomas, para ponerlo en marcha es necesario reformar al menos cuatro leyes vigentes. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, Lofca; la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y que implantó el actual modelo; las leyes de cesión de los tributos a las comunidades y la Ley General Tributaria, además de la de Presupuestos que no está aprobada.