La huelga médica en Andalucía paraliza más de 329.000 actos sanitarios

La huelga de facultativos andaluces contra el Estatuto Marco que tuvo lugar la semana pasada provocó la cancelación de 329.399 actos médicos en la comunidad autónoma. Durante los cuatro días de protesta, se han suspendido 308.174 consultas médicas, de las cuales 212.401 corresponden a Atención Primaria y 95.773 a consultas externas, además de 18.181 pruebas diagnósticas y 4.044 intervenciones quirúrgicas, según datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad.

El Sindicato Médico de Andalucía (SMA), a través de su presidente Rafael Ojeda, ha dejado claro que esta movilización no tiene motivaciones económicas. "No estamos pidiendo dinero. Estamos yendo a la huelga por la supervivencia del sistema, porque si no cambia es insostenible", declaraba Ojeda durante las jornadas de protesta. El representante sindical añadía que "es la primera huelga que conozco donde se está perdiendo dinero porque cada día de huelga que hacemos se pierde una cantidad importante", subrayando que el objetivo principal es "mejorar las condiciones de trabajo" para garantizar una atención adecuada a los pacientes.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha instado al Gobierno central a "escuchar a los profesionales" e iniciar una "negociación real" para evitar que estas medidas de presión "repercutan en la atención sanitaria que reciben los andaluces". El ejecutivo autonómico ha insistido en que se trata de un conflicto de ámbito estatal originado en el Ministerio, no en las comunidades autónomas, que requiere "responsabilidad, escucha y soluciones reales".

La huelga convocada por los sindicatos médicos responde fundamentalmente al "malestar" generalizado entre los profesionales sanitarios frente a lo que consideran una "inacción" por parte del Gobierno central. Según señalan desde la Consejería andaluza, la ministra de Sanidad busca la confrontación en asuntos ajenos a sus competencias en lugar de aportar soluciones efectivas a los problemas estructurales que afronta la sanidad pública española.

El Gobierno andaluz ha subrayado que la regulación del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud es competencia exclusiva del Ministerio, calificando la situación actual como "fruto de la dejación de la ministra". Aunque ha manifestado su "respeto absoluto al derecho a la negociación y a la mejora de las condiciones laborales", ha apelado a la titular del Ministerio a abandonar el debate público y abrir vías efectivas de diálogo para minimizar el impacto que estos cuatro días de paro, situados estratégicamente tras un puente festivo, pueden causar en el funcionamiento de la sanidad pública.

La Consejería de Sanidad andaluza ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la escasa participación que se ha otorgado a las comunidades autónomas en todo este proceso, a pesar de que son precisamente estas administraciones las que gestionan la asistencia diaria, los recursos humanos y la organización de los servicios sanitarios. Desde la Junta insisten en que los cambios propuestos tendrán un impacto directo en cuestiones tan relevantes como la planificación del personal, la gestión de las urgencias, la estructura de guardias y, en última instancia, la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

Además, las autoridades sanitarias andaluzas han advertido que la reforma del Estatuto Marco no solo ha generado malestar entre los médicos, sino también "fricciones" en otros colectivos sanitarios. La negociación actual ha provocado una notable "preocupación" entre profesionales de Enfermería, técnicos sanitarios, fisioterapeutas y trabajadores de emergencias, que temen que la nueva clasificación profesional pueda desestabilizar dinámicas de equipo y modelos organizativos que funcionan eficazmente desde hace años.

El balance final de los cuatro días de huelga refleja el considerable impacto que ha tenido esta movilización en la actividad asistencial de Andalucía. La cancelación de más de 329.000 actos médicos supone un importante retraso en la atención que deberá ser recuperado en las próximas semanas. La paralización de más de 300.000 consultas médicas afecta directamente a la continuidad asistencial de miles de pacientes, especialmente en Atención Primaria, donde se ha concentrado el mayor volumen de citas anuladas (212.401).

Igualmente significativa resulta la suspensión de 18.181 pruebas diagnósticas, lo que puede retrasar procesos de diagnóstico y tratamiento de numerosas patologías. En cuanto a las 4.044 intervenciones quirúrgicas canceladas, estas representan un incremento temporal de las listas de espera quirúrgicas, un problema endémico del sistema sanitario que ya arrastraba importantes demoras antes de esta movilización.