La Fiscalía Anticorrupción pide la declaración como testigo de la consejera Catalina García por contratos de la sanidad andaluza

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado de Sevilla que investiga el mantenimiento de los contratos sanitarios de emergencia en la sanidad andaluza, una vez superado el período de la pandemia que los justificaba, que declare como testigo la actual consejera de Sostenibilidad de la Junta, Catalina García.

Según ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, la solicitud de esta comparecencia obedece a un periodo anterior en el que García tuvo responsabilidades como viceconsejera en Salud, consejería que también dirigió desde julio de 2022 hasta que dos años después se puso al frente de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

La Fiscalía también ha pedido al Juzgado de Instrucción 13 sevillano que llame a declarar como testigo al que fuera viceconsejero de Hacienda Roberto Ochoa, unas solicitudes con las que pretende que aclaren el cambio en la fiscalización de los contratos investigados y que quedan a la espera todavía de la decisión que pueda adoptar el juez.

Declaración de los gerentes

La petición se conoce el mismo día en que la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en este puesto, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, han justificado ante el juzgado que los investiga el mantenimiento de los contratos sanitarios de emergencia en el contexto de la covid-19 y han considerado que su actuación estuvo avalada por los correspondientes informes.

Este juzgado es el encargado de la denuncia inicial del PSOE por el mantenimiento de dichas contrataciones de emergencia, por un montante total cifrado en 242 millones de euros, cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid que las justificaba.

Entre otras cuestiones, en esta instrucción se intenta aclarar la forma en la que fue sustituido, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta del pasado 6 de octubre de 2020 y en un contexto de urgencia por la covid-19, el sistema de fiscalización previa para determinados gastos, órganos y servicios por el denominado 'Control Financiero Permanente'.

Después de que los testigos que declararon hace justo una semana dijeran que dicho cambio se habría producido sin ningún informe que lo pidiera o avalara, alguno de los investigados ha aclarado -según fuentes del caso- que no habrían sido los órganos del SAS ni sus gestores los que promovieron tal modificación en el sistema de fiscalización.