El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha declarado causa de “especial complejidad” el sumario en el que se investiga el fraude de las facturas falsas que afecta al sindicato UGT-A y en el que están imputados los ex secretarios generales de la formación Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, entre otros.

En un auto del pasado 18 de enero, el magistrado accede a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para declarar esta macrocausa como de “especial complejidad”, al concluir que los hechos que se investigan en esta causa son “especialmente complejos” y que la finalización de la instrucción, que se inició en 2013, “no se prevé que pueda efectuarse en el plazo máximo de seis meses que prevé” el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dice el instructor, que en la investigación de las facturas falsas de UGT concurren los requisitos para esa declaración, como la “existencia de una organización para concertarse con determinados proveedores del sindicato UGT-A a fin de que, coordinadamente, facilitaran vías de financiación para práctica de acciones sindicales, vías que no se corresponderían con el destino que los fondos deberían haber tenido”, que era la práctica de “acciones formativas a personal ocupado y desocupado, según las subvenciones públicas recibidas”.

El juez entiende que se da igualmente otro de los requisitos por la “importante cantidad de investigados en la causa”, así como el supuesto de encontrarse el sumario pendiente de la realización de un informe pericial, “con examen de abundante documentación y análisis complicado de la misma”.

Por último, Juan Jesús Vélez García indica que también se da otro de los elementos necesarios para la declaración de causa compleja, “en cuanto que se produce en estas actuaciones la revisión de la gestión de personas jurídicos privadas o públicas”.

El objeto del presente procedimiento, según definió en un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción en su día, es la "financiación irregular del sindicato UGT-Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" para lo cual se utilizaron dos procedimientos conocidos como rapel y bote.

El fiscal delegado de Anticorrupción Fernando Soto señaló en ese informe que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras, según el Ministerio Público, fue inspiración directa de Manuel Pastrana según lo manifestado por el ex tesorero del sindicato Federico Fresneda y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana", añade.

La Fiscalía relataba que el núcleo de decisión del sindicato se concentra desde el punto de vista orgánico en la "comisión ejecutiva", por lo que este órgano y "singularmente los acusados, no sólo eran conocedores sino que tomaron decisiones en relación con los hechos objeto del presente procedimiento".

Dice el fiscal que a través del descuento conocido como rapel "se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por éste y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato". Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, "lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración". Los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este rapel, prosigue Anticorrupción, se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales a través de la comisión ejecutiva.

En cuanto al bote, con esta figura el sindicato encargaba la elaboración de "facturas simuladas que, sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas". Esto hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese bote. "Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación".

El fiscal destacó que en la rendición de cuentas que Federico Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva se incluía el "monto obtenido por el rapel, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión”.

Este rapel lo pagaban empresas con una intensa relación de proveedores de UGT, y pese a que algún responsable del departamento de compras, Dolores Sánchez, intentó incorporar nuevos proveedores, Federico Fresneda "sistemáticamente obstaculizaba esta posibilidad, a pesar de contar los nuevos proveedores con condiciones más ventajosas para el sindicato y en definitiva las arcas públicas".

En cuanto al bote, el fiscal recuerda que llegó a tener una plasmación "contable y registral" en la aplicación informática Spyro, que contaba con apartados para asentar tales anotaciones "al margen de la legalidad". Esto no sólo fue inspirado por cargos del sindicato, como María Charpín, sino que su "encargo, aprobación y pago fue realizado desde la comisión ejecutiva". Es más, según las declaraciones de Roberto Macías, Pastrana nombró a María Charpín para la ejecutiva “con esta finalidad”.

De otro lado, el fiscal hace hincapié en que el testigo Germán Damián Domínguez, ex secretario de cultura y formación del sindicato, señaló como había una decisión de retener un 20% de todas las subvenciones que recibía el sindicato para fondos de formación y destinarlo a gastos corrientes del mismo y que era conocido por la ejecutiva regional como el "canon revolucionario".

"Este modo de financiación irregular habría llegado a tener tal magnitud, a tenor de las declaraciones de personal relevante del mismo, que prácticamente casi todos los gastos estructurales de la organización eran financiados con los fondos destinados a subvenciones para la formación", aseveró el fiscal, que indicó que “tan sólo un porcentaje muy residual, injustificables per se y codificados con los dígitos 91, no se sufragaban de tal forma”.

El ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda fue uno de los 16 detenidos en la operación Cirene II, que la Guardia Civil realizó el 24 de junio de 2014, contra el fraude las facturas falsas. En su declaración, Fresneda derivó las posibles responsabilidades de lo ocurrido hacía los líderes de la formación, al explicar que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del rapel o descuento que algunas empresas aplicaban en las facturas pero que no se descontaban a la hora de justificar las subvenciones públicas.