Uso y abuso del decreto ley como nueva práctica de los Gobiernos

Las prácticas legislativas están cambiando con los años. Los gobiernos recurren con más frecuencia de un tiempo a esta parte al decreto ley, también en Andalucía. Más de la mitad de las normas que salen adelante en el Parlamento andaluz se han aprobado mediante una figura legislativa de carácter urgente que acaba eludiendo el debate parlamentario propio de la ley ordinaria.

Del sobreúso del decreto ley ha resultado una estrategia de los gobiernos para sacar adelante leyes sin contar con el procedimiento que cuenta con una detallada participación de los grupos políticos. “Es razonable en el ámbito estatal, porque la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia es casi imposible sacarlo antes de que acabe una legislatura”, explica José María Morales, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. No es tan razonable en los gobiernos autonómicos. Al final, es un “camino fácil” para los gobiernos, que encuentran una vía para aprobar medidas “urgentes”.

Casi veinte años

La herramienta legislativa del decreto ley nace en Andalucía a raíz de la Reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. El artículo 110 del Estatuto recoge que el Consejo de Gobierno andaluz, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar medidas legislativas provisionales” bajo esta figura normativa.

El uso, con el paso de los años, se ha ido transformando en abuso. La elección del decreto ley por parte de los últimos gobiernos andaluces abre un abanico de opiniones entre los expertos en Derecho Constitucional. “¿Por qué las comunidades autónomas tienen que funcionar con una norma como el decreto ley? Esta figura es más razonable en el ámbito estatal”, argumenta Morales.

Esta baza normativa supone para el poder ejecutivo una ocasión idónea para llevar a cabo el programa político. “El decreto ley es una carta que juegan todos los gobiernos porque, allí donde está presente, hay un gobierno que no se resiste a utilizar este mecanismo por una razón: para ahorrarse el trámite parlamentario”, explica Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Un reciente crecimiento

La producción de decretos ley en los últimos ejecutivos andaluces ha ido en constante crecimiento desde que se aplicó por primera vez en la octava legislatura, lo que acarrea una disminución de la detenida tramitación de las leyes ordinarias. Como Morales, “influye tanto en gobiernos de mayoría absoluta como en gobiernos de coalición”.

El primer gobierno de Juan Manuel Moreno en 2019, en coalición con Ciudadanos y apoyado en la investidura por Vox, aparece como el ejecutivo con más decretos ley promovidos en la historia andaluza, con un total de 71. Varios factores explican este incremento del decreto ley durante esa undécima legislatura. “Una situación extraordinaria como es la pandemia en 2020 y la existencia de un gobierno en coalición son dos elementos fundamentales para que hubiera ese abuso del decreto ley”, analiza Morales.

La aprobación de medidas a través de este trámite normativo no está relacionada solo con la aparición del coronavirus. “En muchas ocasiones se ve la introducción de unas medidas que no son de carácter aislado y poco o nada tienen que ver con la urgencia de la pandemia”, puntualiza Carmona.

En la actual legislatura, el gobierno del PP, con mayoría absoluta, ha aprobado un total de 50 normas de las que 29 han sido tramitadas como decretos ley hasta el 31 de mayo. “Más de la mitad de las normas usa la herramienta del decreto ley con el fin de esquivar el debate parlamentario”, recuerda Morales.

La utilización de esta figura legislativa genera la consecuencia lógica. “En los gobiernos actuales, lo más habitual es el decreto ley, quedando la ley ordinaria en un segundo plano”, indica Carmona.

¿Solución o problema?

Ante el aumento del decreto ley como procedimiento legislativo, qué voces autorizadas tachan de abusivo, ¿cabría una limitación con vistas a otorgar más peso al poder legislativo? Los expertos hablan de la posibilidad de modificar la legislación en vigor. “El problema radica en que, para establecer nuevas medidas normativas, o tienes que reformar el Estatuto de Autonomía o cambiar la Constitución Española”, explica Morales.

Se trata de un futuro incierto en la que sería necesaria la colaboración de los actores políticos para no seguir escamoteando el debate a los representantes elegidos en las urnas. “Si los gobiernos no tienen una actitud de respeto hacia el Parlamento, con el paso del tiempo se deriva este tipo de situaciones”, añade Carmona.