La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la trama de los presuntos ERE irregulares de la Junta, ha admitido parcialmente la querella presentada por el PP-A contra responsables políticos del PSOE, intermediarios y posibles beneficiarios de las ayudas. Esta admisión parcial se constituye como un trámite necesario para la personación en la causa.

En un auto con fecha del lunes, la magistrada admite parcialmente la querella que los populares presentaron el pasado 21 de marzo por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación y falsedades en documentos públicos y mercantiles.

La querella del PP está dirigida contra 26 personas, entre ellas, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera y el ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La juez afirma en el escrito que procede dirigir la investigación "contra los imputados hasta la fecha en las presentes diligencias", es decir, sobre aquellos entre los que ya figuran como imputados en el procedimiento, entre ellos, Francisco Javier Guerrero o Antonio Fernández.

La magistrada rechaza que el PP tenga que prestar fianza, "en atención a la calidad del querellante" y a que las diligencias ya están en marcha.

La querella del PP andaluz fue planteada en su momento por su secretario general, Antonio Sanz, como "una primera aportación" y en la misma se indicaba que "no descarta la necesidad de su ampliación, porque dentro de las personas a las que se dirige también están todos aquellos que en virtud de la investigación que se desarrolla se consideren nuevos responsables en relación al fraude".