El abogado que ejerce la acusación popular del PP, Luis García Navarro, y el del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, representado por José María Mohedano, han protagonizado un duro enfrentamiento en la 59 sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, después de que el letrado del PP preguntara a un testigo, el ex consejero de Empleo Manuel Recio, si había recibido instrucciones de Mohedano en los pasillos antes de prestar declaración ante el tribunal.

El incidente se produjo en el turno de interrogatorio del PP al ex consejero de Empleo Manuel Recio, a quien el letrado de la acusación popular interpeló sobre lo que había ocurrido en los pasillos de la Sala cuando se había acercado a hablar con él José María Mohedano. "Mohedano ha venido sólo a saludarme", ha explicado Recio, que también han negado que el letrado del ex presidente de la Junta le hubiese dado "instrucciones precisas" de lo que debía declarar.

Cuando le llegó el turno del interrogatorio a Mohedano, mostró su "protesta firme" ante el tribunal por la intervención del letrado del PP por "poner en duda su probidad", una protesta a la que se han sumado varios letrados de la defensa.

Mohedano ha añadido que también los letrados de la acusación del PP han estado hablando "con otros testigos" y a él no se le ha ocurrido hacer tales insinuaciones, por lo que ha anunciado que cuando "lea lo que ha dicho", decidirá si actúa contra el abogado de la acusación popular.

El letrado del ex alto cargo ha añadido que "es absurdo" el planteamiento del abogado de la acusación, puesto que, según ha afirmado, si hubiera querido decirle algo al testigo, no se lo habría comentado "tres minutos" antes de empezar la vista. Mohedano ha agregado que "no es la primera vez que pasa" esto con uno de los dos abogados de la acusación popular y, a continuación, tras haberle formulado varias preguntas al ex consejero Manuel Recio, ha ironizado al afirmar que "para haberle dado tantas instrucciones no recuerda casi nada".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ha criticado la "insoportable insinuación de falta de probidad" realizada por la acusación popular.

El ex consejero de Empleo Manuel Recio asegura que no recibió o no recuerda haber recibido los informes de la Intervención General alertando de las irregularidades

El ex consejero de Empleo Manuel Recio, que ocupó el cargo entre marzo de 2010 y mayo de 2012, ha afirmado en su declaración que no tenía conocimiento de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, y ha precisado que aunque tenía un "conocimiento general" de que se estaban dando ayudas sociolaborales, no recibió o no recuerda haber recibido los informes de la Intervención General de la Junta alertando de las irregularidades.

De la 31L dice que la conoció cuando surgieron las primeras noticias sobre los "problemas" con el ERE de Mercasevilla, a mediados de 2010, lo que provocó la apertura de expedientes de información reserva, que descubrieron en unos casos "discrepancias administrativas" y en otros la inclusión de los intrusos, que ha cifrado entre 70 u 80.

Recio ha sido contundente al afirmar que el fin de semana de noviembre de 2010 en el que se revisaron los expedientes en la dirección general de Trabajo no se hizo desaparecer ninguna documentación. "Estoy seguro de que no se destruyeron documentos", ha aseverado.

El testigo, que tampoco recuerda haber recibido informes ejecutivos o trimestrales sobre la agencia IDEA, ha señalado que cuando llegó a la consejería, el presidente José Antonio Griñán le marcó como prioridad "tratar de ayudar a reducir las cifras de desempleo, que estaban desbocadas en España y en Andalucía en particular".

Recio, que ha respondido a muchas preguntas diciendo que no recordaba, ha considerado que no tiene conocimiento de que la encomienda de gestión de 2010 supusiera un cambio de sistema importante, sino que lo entendió como una "mejora administrativa".

Manuel Recio ha subrayado que los trabajos de fiscalización de las ayudas de 2001-2010 se encomendaron a la Cámara de Cuentas a raíz de la solicitud de la Consejería de Empleo y del Consejo de Gobierno. Según Recio, las instrucciones que dio a su equipo fueron que "en el momento en que vieran cualquier problema o ilícito que dieran traslado en primer lugar a la autoridad competente", en alusión al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que estaba investigando ya las presuntas irregularidades.