Andalucía

La Junta cerrará 109 entes de la administración paralela en 2020, "el 40% del total"

  • Marín no alude a despidos, pero reconoce que habrá empleados del sector público que se integrarán en las consejerías

Juan Marín y Rogelio Velasco antes de la segunda sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía Juan Marín y Rogelio Velasco antes de la segunda sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía

Juan Marín y Rogelio Velasco antes de la segunda sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía / Jesús Prieto

La reducción y reorganización paralela es una de las prioridades del Gobierno de PP y Ciudadanos y, para ello, cuenta con la colaboración de sus socios de Vox. El Ejecutivo sigue su camino y este miércoles, durante el Pleno, Juan Marín, vicepresidente de la Junta ha avanzado que a lo largo de 2020 se eliminarán 109 entidades del sector público instrumental y ha reconocido la existencia de "chiringuitos" creados por los ejecutivos socialistas.

No ha dicho cuánto dinero se ahorrará ni si hay trabajadores en dichos entes que vayan a ser despedidos. El Presupuesto autonómico que se está tramitando contempla 15 millones para posibles indemnizaciones como resultado de la reorganización de la administración paralela, pero Marín, que tiene las competencias en materia de regeneración democrática, no ha aludido a esta posibilidad, aunque sí a la posibilidad de que trabajadores del sector público se integre en las consejerías.

"Algunas no tienen actividad y otras nunca la han tenido", ha dicho Marín, que ha cifrado en 278 el número de entidades, de las cuales 95 forman parte del sector público andaluz. En la web de la Consejería de Hacienda figuran 215 organizaciones, incluyendo aquí las universidades públicas andaluzas. Según el consejero de Regeneración, a finales del año que viene serán 169, un 40% menos. No ha dicho si en las 109 que se cerrarán hay trabajadores ni el ahorro que supondrá para las arcas. 

En su comparecencia a petición del PSOE, el dirigente de Ciudadanos no ha desgranado la lista de 109 entidades, pero sí ha detallado que son dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles. Resulta llamativo que, según la web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sólo quedan 36 consorcios activos a fecha de 1 de octubre de 2019, sin contar con los las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológicos (Utedlt), que ya están en proceso de liquidación, según anunció el Gobierno el pasado febrero. 

Marín ha recordado que ya han quedado suprimidas algunas de estas entidades como la Fundación Mediara (que se eliminó el pasado lunes de forma definitiva) y la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que han revertido 2,2 millones de euros a las arcas autonómicas. "Eran chiringuitos", ha insistido antes de aludir a entidades "con un sólo empleado" y sin presupuestos para gastos corrientes.

Diferencias en los modelos de gestión

Según Marín en julio había unas 30.000 personas trabajando en la administración paralela con un coste en personal de 1.200 millones de euros. Elías Bendodo, que es quien habitualmente da cuenta de los asuntos en materia de adminsitración paralela, cifró esta cantidad en 26.045, incluyendo los consorcios. Ante las críticas del PSOE por la disparidad de datos, el titular de Regeneración ha asegurado que cuenta con trabajadores del SAE y Agapa (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera) que no figuran en el dato divulgado por su compañero de gabinete.

El vicepresidente andaluz ha hecho hincapié en los "problemas enquistados" que se han encontrado en este grupo de entidades. Entre ellos estaba la variedad de modelos de gestión, con 31 sistemas de gestión diferentes y 38 sistemas económicos-financieros diferentes. Esto ha resultado en diferencias de retribución en puestos de la misma categoría. Como ejemplo, Marín ha explicado que un asesor jurídico en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera cobra unos 34.000 euros anuales, en RTVA, 68.000 euros y en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 40.000 euros.

“Nos hemos encontrado con un caos a la hora de tratar de poner orden a estos entes instrumentales. El anterior Gobierno aplicaba la fórmula de dejar pasar el tiempo y que las decisiones fueran tomadas por los jueces”, ha apuntado Marín antes de aludir a los casos judicializados, que suelen ser resueltos en contra de la Administración. El consejero ha cifrado en 80,13 millones de euros en indemnizaciones a personal que ha acabado siendo readmitido. "Fuerzan a crear una estructura de puestos de trabajo impuesta por los jueces", se ha quejado el líder andaluz de Ciudadanos.

El portavoz socialista, Carmelo Gómez, ha criticado el trabajo de la Junta con la administración paralela porque, según su versión, se sienten "maltratados" por el nuevo Gobierno andaluz. Según el diputado del PSOE, el Ejecutivo ha sometido a una "asfixia" al sector público andaluz como parte de un "plan" que acabará con la "venta" de los entes instrumentales que son rentables, como Veiasa.

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