Hace ya seis meses que Andalucía cambió su modelo de prestaciones de ayuda a las familias en riesgo de pobreza unificando una serie de ayudas preexistentes en la Renta Mínima de Inserción, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2018. Fue una de las medidas estrella del Presupuesto vigente y hace ya casi un año desde que Susana Díaz anunciase su puesta en marcha durante un Pleno en el Parlamento. Sin embargo, la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto en marcha una actuación de oficio para conocer cómo se está produciendo la implantación de esta iniciativa, después de que la institución haya recibido un número importante de quejas de ciudadanos manifestando su "desesperación", ya que habiendo formulado sus solicitudes en los primeros meses de 2018 "aún no saben nada de las mismas".

Jesús Maeztu en declaraciones a Europa Press, explica que las quejas se refieren a las fórmulas que seguirá la Administración para resolver y notificar las solicitudes. Maeztu recuerda que esta prestación viene a sustituir el Ingreso Mínimo de Solidaridad, una ayuda que presentó grandes problemas de eficacia durante su vigencia. El Defensor del Pueblo recuerda que en la historia del conocido como salario social "ha sido constante la presentación de quejas por los retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación y la insuficiencia del presupuesto destinado", lo que motivó incluso la redacción de un informe para analizar la situación de esta prestación.

El decreto que regula la ayuda establece que debe resolverse en dos meses desde su solicitudLa Junta reserva una dotación de 198 millones de euros para esta prestación en 2018

Maeztu señala que "no sería necesario acudir si quiera a las dramáticas situaciones" que describen las personas que se dirigen a la institución para poner de manifiesto "el nivel de pobreza o de en riesgo de estarlo de amplios sectores de la ciudadanía andaluza, bastando para ello acudir a la Exposición de Motivos del propio Decreto-Ley que nos ocupa, en la que se afirma que según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía (35,4%) está entre las más altas de las regiones españolas, superando en 13,1 puntos porcentuales la media española".

Además, añade que "en 2016 el riego de pobreza o exclusión social era del 32,2% si empleamos el umbral de pobreza de Andalucía, y del 41,7% con el umbral de pobreza de España, con carencia material severa en el 7,1% de la población, viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo el 23,5%", y que el estudio realizado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a principios de 2017, de personas sin hogar en las ocho ciudades de mayor población de cada una de las provincias andaluzas "dio como resultado el número de 1.731 personas sin hogar".

Maeztu expone en su queja que la crisis financiera internacional iniciada en 2008 y el desigual reparto de cargas de su coste derivó en una crisis social y económica que perdura en el tiempo, y añade que los efectos de la reforma laboral en España y la consecuente situación de "precariedad" laboral ha hecho que la igualdad de oportunidades inherente a los Estados de Bienestar "se haya mermado notablemente".

El Defensor reconoce que el "loable intento de corregir de forma urgente esta situación mediante la implantación de este renta mínima de inserción puede verse totalmente empañado si la misma no se tramita de forma eficaz y eficiente en los plazos legales para ello". Y subraya que el decreto de la Renta Mínima de Inserción establece "el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver". Esta realidad es incompatible con las quejas recibidas por el organismo que dirige Jesús Maeztu, lo que ha motivado la actuación de oficio.