El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha puesto números a la medida anunciada ayer por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre el cuarto decreto ley de simplificación que, además de impulsar la actividad económica busca facilitar la relación de los ciudadanos con los distintos órganos administrativos. Este conjunto de nuevas normas desarrolladas a lo largo de más de 600 páginas, contempla la modificación de 176 normas (53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes) y la reducción en un 90% del número de aplicaciones que se utilizan en la Junta, pasando de tener más de 1.000 a menos de 100.

En esencia supone dar carta de naturaleza al silencio positivo en buena parte de esos trámites ante la Junta y la sustitución de la autorización administrativa por la declaración responsable, amén de establecer un régimen sancionador general y aplicable a toda la administración, que sirva para dotar de mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables y comunicaciones.

Antonio Sanz, se ha felicitado porque este decreto se convierte en el "más revolucionario y potente que jamás haya hecho una administración en España" y recoge más de 450 medidas de simplificación administrativa para mejorar la relación entre ciudadanos y administración, con el objetivo de acabar con la "complejidad normativa, con la maraña administrativa, los procedimientos farragosos, las duplicidades y la lentitud en la tramitación".

En el apartado de la protección del entorno, el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco ha querido dejar claro que "nadie se equivoque, la simplificación de la tramitación ambiental va a mantener la exigencia máxima de protección y conservación de nuestro medio ambiente". El consejero y portavoz ha defendido que el Gobierno andaluz responde a las inquietudes planteadas por el sector, que ha concretado en la necesidad de actualizar la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y propiciar su sintonía con el marco legal español y comunitario. "A partir de este nuevo decreto, van a ser miles las solicitudes de autorización ambiental que se van a tramitar en la mitad de tiempo", ha sostenido Fernández-Pacheco, quien ha apuntado que el 40% de las Autorizaciones Ambientales Unificadas (AAU) van a resolverse de forma simplificada.

Además de la actualización de la ley, con el Decreto-ley se agilizan trámites, se adapta el marco normativo completo, incluidas las autorizaciones ambientales, y se implanta un modelo de ventanilla única para las tramitaciones ambientales. El Gobierno andaluz ha explicado que se pone en marcha la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) para un total de 58 actividades que ahora sólo necesitarán un pronunciamiento y a la que se acogerán, al menos, el 40% de los expedientes ambientales que conllevan autorización. La Autorización Ambiental Unificada (AAU) pasa de integrar 48 autorizaciones sectoriales a 16, se mejora la actual Autorización Ambiental Integrada (AAI) que integra 15 autorizaciones sectoriales cuando antes era 23, y se habilita el inicio de actividad con la presentación de una Declaración Responsable del Promotor, que sustituirá a la certificación acreditativa del director de la obra.

El Gobierno andaluz ha defendido que "con todo ello se mejora la tramitación del transporte metropolitano, los desarrollos urbanísticos, los proyectos de polígonos industriales y las obras promovidas en los decretos de sequía para dotar a la región de depuradoras de aguas residuales con terciario" y que estas acciones reducirán plazos de ocho a cinco meses. Las instalaciones de desalación y las destinadas a la cría de animales en explotaciones ganaderas reducirán sus plazos de tramitación de seis a cinco meses.

También prevé crear mecanismos de coordinación y colaboración, así como sistemas de acompañamiento individualizado para la ciudadanía y entidades particulares para la tramitación y ejecución de los procedimientos. Para ayudar a que la simplificación sea una realidad, se crea la figura de entidades de colaboración de certificación, regulándose su acreditación, registro y sus obligaciones. Otra figura novedosa es la de las entidades habilitadas, a las que se les otorga la competencia para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas en la gestión de determinadas materias en el ámbito de la Administración autonómica, estableciéndose la figura del convenio como instrumento a través del cual fijar los derechos y obligaciones de éstas.

Dependencia

El decreto ley está pensado para acortar los tiempos de respuesta de la administración. Con la nueva norma aprobada este martes, en el caso de la Dependencia, el plazo de resolución de las solicitudes se reduce de los 555 días de media actuales a un máximo estimado de 180 días. Se recorta el plazo en un año. Además, la solicitud se podrá presentar en la Ventanilla Electrónica de Dependencia del Portal de la Junta de Andalucía. Se crea, además, un modelo de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que no cuentan con una red familiar o jurídica que les pueda ayudar.

La nueva norma mejora la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, reduciendo el número de documentos necesarios para la solicitud. Se mejoran tanto la solicitud como los anexos de la tramitación de la concesión. También se modifica el Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa para unificar los tres anexos de la solicitud de renovación en uno solo, de manera que se agiliza evitando rellenar formularios en los que duplica la información y que ha de firmar varias veces.

Al mismo tiempo se eliminan obstáculos en la prestación de servicios sociales, con un régimen de autorización menos restrictivo que garantiza los derechos de las personas que necesitan esos servicios. Así, se pasa de tardar dos años de media en abrir una residencia de mayores a tan sólo tres meses, con una declaración responsable; estableciéndose además silencio positivo. 

Se incluye también un gran paquete de medidas de transformación digital de la Junta de Andalucía. El objetivo es extender la robotización a trámites y procesos que afectan directamente a la ciudadanía. En materia de Patrimonio Histórico, el decreto ley cambia de autorización a declaración responsable para determinadas actividades arqueológicas afectadas por la Ley de Patrimonio Histórico, lo que permitirá mayor agilidad y transparencia. Gracias a esta iniciativa, unos 500 expedientes anuales, en su mayoría vinculados a grandes proyectos de infraestructura y proyectos de energías renovables, verán reducido su tiempo de tramitación en hasta dos meses.

Menos firmas

Por otro lado, el decreto ley modifica la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para la gestión de la ejecución presupuestaria del gasto. Se elimina no sólo la necesidad de firmar los documentos contables que reflejen la ejecución presupuestaria del gasto, sino también los propios actos de ejecución presupuestaria en sentido estricto, cuya eficacia quedará subsumida en los actos de gestión administrativa que la conlleven. En materia de Justicia, se mejora el procedimiento para la concesión a las víctimas del terrorismo de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y por situación de dependencia que requiere actualmente del dictado de dos resoluciones sucesivas. Ahora se unifican ambas resoluciones en una sola.

En materia de energía, se aumenta la potencia de 100 hasta 500 kilovatios de las instalaciones ubicadas en suelo urbano que quedan sujetas a declaración responsable, sin necesidad de solicitar autorizaciones administrativas. La consejería del ramo elimina con este cuarto decreto de simplificación las trabas adicionales introducidas por la regulación autonómica para el desarrollo de la actividad de los organismos de control, para aumentar su competitividad, reduciendo al mismo tiempo los costes trasladados al sector industrial que afectan a la competitividad de todo el sector. La principal medida en este sentido es la eliminación de las obligaciones de comunicaciones en papel, medida que adquiere una especial trascendencia teniendo en cuenta que el volumen de inspecciones anuales de estos organismos excede de las 100.000, estimándose el ahorro económico anual para los organismos de control, únicamente en lo relativo a sus comunicaciones con la Administración, en unos tres millones de euros.

Otra modificación aprobada afecta al procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. En cuanto a las medidas que afectan a la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, una de las principales novedades es que se suprime el informe preceptivo de la Junta de los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, en los casos en que el Ayuntamiento sea competente para regular los mismos.

El decreto también simplifica el registro de explotaciones agrícolas y forestales, lo que beneficiará a 250.000 agricultores y facilitará su acceso a la PAC. A partir de ahora tendrán que aportar menos datos y se facilitarán las comunicaciones por medios electrónicos.