No es tan sencillo marcar la agenda de un país durante una semana, pero Juanma Moreno eligió el lugar, el momento y el mensaje idóneos para arremolinar en torno a su bajada de impuestos a gobiernos y partidos. Tuvo el acierto del relato y de la oportunidad, al anunciar en el Foro Joly de este lunes en Madrid la bonificación total del Impuesto de Patrimonio, dentro de una reforma fiscal que él mismo tilda de revolución y que estará incluida en el Presupuesto de la Junta de 2023. Sus asesores en San Telmo esperaban que la propuesta tuviera bastante eco, pero no de esa magnitud. Sísmica. Uno de ellos lo explica así, aunque sea con una anécdota: "Que la portavoz de la Generalitat haya tenido que responder a una pregunta en español es más que significativo".

Uno de los consejeros de la Junta sostiene que "es la primera vez que Andalucía lidera un debate de esta categoría, en el que se posicionan otras comunidades y hasta el Gobierno sale en tropel". Juanma Moreno se convierte, así, en referente de los barones populares. Lo hizo el 19 de junio, cuando ganó por mayoría absoluta unas elecciones con una estrategia, centrista, muy diferente a la de su compañera Isabel Díaz Ayuso, y ahora repite con un tema que es un parteaguas entre izquierda y derecha, el de los impuestos.

Patricia Plaja, la vocera del Govern, tildó la propuesta de Moreno de "populismo fiscal" y, aunque el presidente de la Junta aludió en su presentación a su objetivo de atraer a grandes contribuyentes de Cataluña y Madrid, de lo que se sienten satisfechos en San Telmo es el principal aludido haya sido el Gobierno central. Y que en sus respuestas "se hayan visto las tripas", se explica.

En efecto. El primer ministro que respondió a Juanma Moreno fue el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pero la portavoz, Isabel Rodríguez, le rectificó. Lo que Escrivá defendió fue que impuestos como el de Patrimonio, que son de carácter estatal, aunque están cedido a las comunidades, tengan un suelo nacional, de modo que no exista tanta diferencia entre autonomías. Esto mismo ocurrió ya con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando las comunidades se lanzaron a una competencia a la baja.

Si Escrivá fue negado por la ministra portavoz es porque los aliados independentistas del Gobierno no quieren oír ni hablar de recentralizaciones fiscales. Es más, si el Estado ha ido cediendo tantas figuras fue porque Cataluña, bien con el PSC, bien con ERC, presionó durante las negociaciones de los anteriores sistemas de financiación autonómica para avanzar en eso que se llama corresponsabilidad fiscal. Ya el jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formuló la réplica definitiva a Juanma Moreno: la parte socialista del Gobierno rectificaba y daba la razón a los ministros de Unidas Podemos, que llevaban meses reclamando un impuesto especial para las grandes fortunas.

Esta figura, que será temporal y se aplicará desde el 1 de enero de 2023, acarrea varios problemas. El primero, y el más importante, es que debería anular, o reformar al menos, al Impuesto de Patrimonio, que sólo se bonifica en España en Madrid y en Andalucía. Puede que Murcia también lo haga, pero en el resto de las comunidades habría una doble imposición porque los conceptos son demasiados parecidos.

Desde Nueva York, donde asistía a una de las asambleas generales de la ONU, Pedro Sánchez también respondió a Moreno: así, sólo beneficia a Madrid, porque le da una coartada para seguir con una reforma a la baja que sí se la puede permitir porque, como capital, concentra sedes empresariales y grandes fortunas. Madrid es contribuyente neta del sistema de financiación autonómica, la bolsa donde la va la recaudación de todas las comunidades; Andalucía, por el contrario, es receptora neta. 

Un mal impuesto

La teoría de Juanma Moreno es la del círculo virtuoso: a menos impuestos, más recaudación, lo que sólo es una verdad en casos muy concretos. Sin embargo, lo que el presidente de la Junta suprime, mediante bonificación, es un mal impuesto: es poco eficaz, recauda poco y hay serias dudas sobre su doble imposición. La prueba que lo demuestra es que José Luis Rodríguez Zapatero lo suspendió durante dos años, y que en Europa sólo se cobra en Suiza y Finlandia. Si el presidente socialista lo rescató fue porque la Unión Europea apretó con la austeridad a los países del sur.

Con Patrimonio se viene ingresando unos 90 millones de euros al año en Andalucía, pero sólo la fuga en 2019 de los primeros 10 contribuyentes de este impuesto hizo perder en recaudación cerca de 18 millones de euros. Porque el pagador de Patrimonio, también se lleva con su cambio de residencia, la declaración del IRPF.

El Gobierno andaluz enviará el próximo martes la envolvente del Presupuesto de la Junta de 2023, que llegará a los 45.000 millones de euros por primera vez e incluirá una subida de, al menos, un 3% para los empleados públicos. Esto último aún está por cerrar, pero la reforma fiscal obligaba a que el presidente la firmase antes del envío a la Cámara.