La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCCO y al director de recursos humanos de la tabaquera Altadis, en relación con el ERE de esta empresa por el que la Junta abonó más de 22 millones de la Junta para financiar la prejubilación de 173 trabajadores en el año 2005.

Alaya sostiene en un nuevo auto, que tiene fecha del 27 de junio, que el acuerdo que firmaron los sindicalistas con esta compañía suponía un auténtico "cheque en blanco" de los fondos públicos andaluces, que serían utilizados "discrecionalmente y sin control".

Las nuevas imputaciones Alaya atienden a la petición que en su día realizó la Fiscalía Anticorrupción, y para la práctica de las declaraciones, la instructora ha fijado un nuevo calendario entre los días 14 y el 18 de julio, fechas en la que comparecerán ante la instructora 16 nuevos imputados, lo que eleva el número de implicados en la macrocausa a 199 personas. Entre los nuevos imputados, también hay responsables de la empresa A Novo Comlink, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga y que recibió ayudas por importe de otros 35,8 millones, así como un sexto hijo del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, y varios responsables de la Caja Rural de Granada, entre otros.

En junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se imputara en la causa, en relación con las ayudas de Altadis, al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO y al director de Recursos Humanos de Altadis. La juez ha acordado ahora citar a declarar como imputados, por su presunta participación en los hechos, a Francisco Fernández Sevilla –que declarará el día 15-; a Blanca Uruñuela Aguado, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; al que fuera secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero; a Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; y a José Luis Relea Laso, director de Recursos Humanos de Altadis.

En el nuevo auto, la magistrada explica que cinco meses antes de que se solicitara el ERE de Altadis, en 2005, se firmó un acuerdo entre la tabaquera, los sindicatos y la dirección general de Trabajo y Seguridad Social por el que ésta última se comprometía a pagar una parte de las prejubilaciones de los trabajadores de Sevilla y Cádiz, en concreto, 26 millones de euros, un compromiso que "no fue autorizado por el Consejo de Gobierno".

Las ayudas se materializaron en un convenio de febrero de 2008 entre la dirección general de Trabajo e Idea para el abono de las tres pólizas. Ese convenio no recogía el importe de la ayuda, por lo que, según explica la instructora, "supuso un cheque en blanco contra los fondos andaluces, que serían utilizados discrecionalmente y sin control, modificándose las prestaciones de los asegurados, lo que provocaba automáticamente el incremento de las primas a satisfacer por la Junta de Andalucía". Al final del compromiso inicial de abonar 26 millones se pasó a 34,4 millones, según los cálculos realizados por la propia juez.

Alaya ha acordado además que se amplíe la imputación por estos hechos a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera –que declararán el día 17-, a la ex asesora de la Consejería de Empleo María José Rofa, y a los ex directores generales de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y Antonio Valverde Ramos.

Con respecto a la empresa A Novo Comlink del PTA de Málaga, la juez ha acordado la imputación del presidente del consejo de administración, Gilbert Weill; del consejero delegado Carlos Castiñeiras, que figuraba como asegurado de una póliza que, según la instructora, "enmascaraba" una ayuda directa concedida a la empresa por 3,8 millones; del directivo José F. Pardo Fernández, que fue beneficiario de una póliza; y de Manuel Jiménez de Miguel. Sobre este último imputado, Alaya precisa que se trata de un trabajador que "sin prestar servicios efectivos para A-Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla –era miembro de la agrupación socialista de Nervión-, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, servía beneficiario de otra póliza especial" por el que se le garantizaban unas rentas mensuales entre 2008 y 2017 que oscilaban entre los 2.159 y 9.221 euros, con un coste total de prima de 495.251,69 euros.

Dice la instructora que A Novo, que pasaba por dificultades económicas, se dirigió en 2004 al presidente de la Junta –por entonces Manuel Chaves- y al consejero de Empleo "en busca de soluciones para garantizar la continuidad de esta sociedad en Málaga", por lo que se produjo una reunión el 20 de mayo de 2004 en el Palacio de San Temo, presidida por Chaves donde se acordó establecer las "líneas básicas para salvar la empresa a través de un plan de viabilidad, una mesa de negociación y la implantación de un plan de formación, y todo ello con el apoyo de la Junta".

La empresa inició varios procesos de reestructuración de la plantilla a través de varios ERE, "a sabiendas de que contaba con el apoyo institucional". En julio de 2005 se firmó un acuerdo de colaboración por el que la Junta se comprometió a aportar 20,8 millones.

Alaya advierte que al igual que ocurriera con Altadis, la ausencia de procedimiento legal, de fiscalización previa y de publicación de las bases reguladoras, provocarían "un sangrado continuo de los fondos públicos a favor de A-Novo, empresa en crisis que nunca hubiera pactados unas indemnizaciones por despido muy superiores al importe al que legalmente estuviera obligada, salvo que, como ocurriera en el presente caso, conociera durante el proceso de tramitación del ERE que la Junta iba a financiar el coste" que para los 224 trabajadores de A-Novo ascendió a 35,9 millones, oscilando el coste medio por trabajador afectado entre 176.247,76 euros (ERE 2005), los 212.811,64 (ERE 2007) y los 340.105,03 (ERE 2008).

Estas cantidades contrastan con los 5,7 millones que la Junta informó a la Comisión Europea respecto al estudio del despido de 190 trabajadores, a razón de 20 días por año trabajado, y se aleja “sustancialmente de la cifra finalmente asumida” de más de 35 millones.

El convenio de A Novo fue aprobado por el consejo rector de Idea en 2006 y del mismo, según Alaya, tendrían "cabal conocimiento los consejeros de Empleo e Innovación", Antonio Fernández y Francisco Vallejo, respectivamente. Del compromiso total de 35,9 millones, el IFA/Idea abonó efectivamente 35,2 millones, "sin que conste ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, sin que conste solicitud alguna por parte de la empresa o de los trabajadores, en definitiva, con total ausencia de procedimiento".

En el mismo auto, la juez ha decidido imputar en el procedimiento a un sexto hijo del empresario jerezano Ruiz-Mateos, en este caso a su hijo Alfonso, en relación con una póliza suscrita para pagar un préstamo concedido a la empresa Dhul por la Caja Rural de Granada por importe de dos millones de euros. Alaya precisa que en esa póliza aparece como tomador la dirección general de Trabajo y beneficiario la Caja Rural de Granada, de forma que este contrato de seguro "sería en realidad un instrumento de transferencias de fondos realizado bajo apariencia de seguro", que fue refrendado por un convenio de colaboración suscrito en enero de 2008 por el director de Trabajo Javier Guerrero y el director de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar. Además del hijo de Ruiz-Mateos, Alaya acuerda imputar a Mario Augusto Montecasine Bárcenas, jefe de seguimiento a la inversión de la Caja Rural de Granada, y María de la Cruz Ruiz Gálvez, jefe de Créditos de la misma entidad.

De otro lado, Alaya también ha imputado a Francisco Jardón Arango, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) y Juana Mancilla Caro, por haber participado "activamente en facilitar los pagos realizados por la dirección de Trabajo" a las empresas Cespa y FCC, en relación con el conflicto de limpieza de Granada.

En el mismo auto y atendiendo a las nuevas imputaciones, la juez ha dado traslado en calidad de terceros civiles responsables a los sindicatos UGT y CCOO, y a las empresas Altadis, A-Novo Comlink España y a su matriz A-Novo Francia, así como a Fomento de Construcciones y Contratas S. A. y a la Caja Rural de Granada.

Por último, la juez ha rechazado la petición de la Junta de Andalucía para que se impute en la causa a Alfonso Seoane Yarza, quien fuese estrecho colaborador del ex alcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín. La instructora, que comparte el criterio de la Fiscalía en este caso, señala que de las actuaciones practicadas hasta la fecha “no se desprenden indicios” de la participación directa en la trama societaria creada en la Sierra Norte por José Enrique Rosendo y José María Sayago, puesto que su participación "se habría limitado a ostentar cargos en alguna de las sociedades, pero no se ha acreditado su relevante participación en la percepción de los fondos y el destino final dado a los mismos".

Tampoco aprecia indicios "en el momento actual" para imputar a la que fuera alcaldesa del PSOE en Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes, en relación con las ayudas y el traslado de la actividad de la empresa Aglomerados Morell, por lo que Alaya concluye que “no procede su imputación en el momento presente y todo ello, como en el caso anterior, sin perjuicio de lo que resulte de la definitiva investigación”.