La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Almería, María Belén Vico, ha llamado a declarar como investigada a Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta, por su posible implicación en una supuesta trama de corrupción relacionada con una financiación irregular del PP de Almería. Según ha adelantado el diario El País y ha confirmado esta redacción, la dirigente del PP ha sido imputada por su etapa como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente Almeriense, una entidad conformada por varios ayuntamientos de la provincia y de distinto signo político.

Dicha entidad, según el auto de la juez, habría estado implicada en la gestión de subvenciones al Ayuntamiento de La Mojonera por la construcción de un museo de la Agricultura que fue concedido a una UTE en la que estaba constructora Hispano Almería SA, sobre la cual se investiga en los tribunales desde hace varios años por supuestos pagos de comisiones.

Fuentes de la Consejería explicaron que la dirigente del PP recurrirá el auto y que está “tranquila” porque siempre actuó “conforme a la ley y al procedimiento”. Recuerdan también que la presidencia de la citada asociación era rotatoria entre los distintos alcaldes que la formaban y Crespo no era ya la responsable cuando se produjo la adjudicación del museo, que era responsabilidad del Ayuntamiento de La Mojonera. Las mismas fuentes añaden que el papel de la consejera como responsable de la entidad se limitó a la firma de un convenio en el que también estaba la Junta -entonces en manos del PSOE- para facilitar las inversiones en materia turística en los municipios englobados en dicha asociación.

José Cara, que fue alcalde de La Mojonera y también figura entre los 20 imputados del auto de la magistrada, fue hasta hace pocos meses director del Ifapa, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Este organismo es un ente dependiente de la consejería de Crespo y fue dirigido por Cara después de que PP y Cs llegaran a la Junta.

Este organismo es un ente instrumental asociado a la consejería de Crespo y fue dirigido por Cara después de que PP y Cs llegaran al Gobierno andaluz. Cuando se hizo público que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, estaba investigando el papel de Cara en esta supuesta trama de corrupción, el PSOE andaluz aseguró que estas indagaciones eran la "punta del iceberg" de una posible caja B en el PP Andaluz "al más puro estilo Barcenas".

La implicación de la actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible del Ejecutivo de Juanma Moreno eleva la relevancia de esta investigación judicial. No obstante, resulta llamativo que la juez haya llamado a declarar a Carmen Crespo a un juzgado de instrucción como el suyo. La dirigente popular, que fue alcaldesa de Adra y delegada del Gobierno central en Andalucía, está aforada por su condición de diputada autonómica y por su cargo de consejera del Gobierno andaluz, por lo que debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien asuma la investigación sobre Crespo si así lo considera. Para que Crespo acabe declarando por este asunto, es necesario que el Alto Tribunal remita un suplicatorio a la Cámara andaluza.