Andalucía

Alaya abre una nueva causa ante las posibles "serias irregularidades" del IFA

  • La instructora quiere averiguar si hay una "actuación fraudulenta" de la agencia por los avales y préstamos concedidos Investigará además una ayuda concedida en 2011 a Astilleros de Huelva

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Alaya suma dos nuevas causas distintas al macrosumario de los ERE, con la intención de no dilatar más esta investigación. La juez ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para abrir dos nuevas diligencias previas para, de un lado, investigar los avales y préstamos concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o la agencia IDEA; y de otro, una ayuda concedida a Astilleros de Huelva.

En un nuevo auto, la instructora accede a abrir un nuevo proceso ante los datos aportados en un oficio por la Guardia Civil -que está examinando las actas del Consejo Rector del IFA/IDEA- y que según Alaya revelarían "serias irregularidades" en relación con los "numerosos acuerdos" relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales a empresas en crisis a través de figuras como los "préstamos, ayudas en garantías sobre préstamos, y avales en garantía de préstamos de las entidades financieras".

La instructora relata que esas irreglaridades podrían constituir una "inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitrarios de concesión", al haberse detectado casos en los que simultáneamente a la autorización del pago en ejecución de un aval a favor de uan serie de sociedades se encontraban enproceso de resolución la concesión de ayudas de reestructuración a las mismas empresas.

Alaya también señala que se durante los años 2008 y 2009 se habrían ratificado avales por importe de más de 55 millones sin la aprobación del Consejo Rector del IFA, cuando en el caso de compromisos de pago superiores a 1,2 millones se exige además su ratificación por el Consejo de Gobierno.

La Intervención General, en su informe de cumplimiento del ejercicio 2009, puso de manfieisto que IDEA había superado el límite de los avales a prestar -que se había fijado en un máximo de 18 millones para ese ejercicio-, al haberse formalizado avales por más de 71 millones. Dice Alaya que si muchos de estos avales "no habían sido autorizados por el Consejo Rector, ni en su caso por el Consejo degobierno, y traspasaban el límite de la asignación presupuestaria, es posible que su existencia tampoco fuera comunicada a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda, a la cual se exigía una información trimestral".

En otros casos se podría haber incumplido además el requisito previo de autorización del régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea y el requisito de la publicación en el BOJA.

Alaya concluye que "las irregularidades expuestas merecen, como también señala el Ministerio Fiscal, un análisis pormenorizado y separado de la presente causa, por si las mismas y la investigación que se inicie revelaren una actuación fraudulenta del IFA/IDEA en la concesión de tales ayudas".

De otro lado, la juez ha acordado igualmente abrir unas nuevas diligencias para investigar una ayuda concedida a los Astilleros de Huelva en 2011, algo que también pidió la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la investigación de los ERE fraudulentos era ya lo suficientemente "extensa y compleja" como para ampliarla con esta nueva subvención.

La acusación particular que ejerce el PP solicitó en abril pasado que se investigaran unos hechos con "apariencia delictiva", en relación con el "Acuerdo de 15 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Junta, por la que se autoriza a la Consejería de Empleo a la concesión de una subvención de carácter excepcional para atender la solicitud formulada por los administradores concursales de la empresa Astilleros de Huelva SA, al entender que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la Orden de 1 de Abril de 2011 de la Consejería de Empleo". Mediante esta orden, explicaba la Fiscalía, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociolaborales destinadas a trabajadores afectados por expedientes de restructuración de empresas en el ámbito de la comunidad autónoma y se efectúa su convocatoria para el año 2011.

La juez ha decidido ahora abrir una nueva causa para investigar esta ayuda porque, según señala, "esta subvención (en principio) no guarda vinculación alguna con el objeto de las presentes actuaciones, que vienen concretadas en investigar los pagos efectuados con cargo a los fondos públicos de la Junta en virtud del convenio marco de 17 de julio de 2001".

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