Los astilleros de Puerto Real y San Fernando decidieron ayer que ha pasado el tiempo prudencial de espera tras la llegada del nuevo presidente de Navantia, Enrique García Vilasánchez. La ausencia de noticias sobre la negociación del plan industrial, sobre las corbetas con Arabia Saudí y la no aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el tercer convenio colectivo de la compañía llevó ayer a las plantillas de ambos astilleros a anunciar diferentes medidas de protesta. En el caso de Puerto Real, se decidió llevar a cabo medidas de no colaboración con la empresa; en San Fernando, entre otras, una manifestación a mediados del próximo mes de junio.

El presidente del comité de Puerto Real, Antonio Noria, aseguró que la asamblea celebrada a primera hora de la mañana en el astillero decidió "por unanimidad, sin ningún voto en contra", aplicar estas medidas que consistirán en no trabajar sábados o festivos, no alargar la jornada laboral y no desarrollar faena "por encima de la categoría profesional". Estas protestas se producen, explicó Noria, "por la falta de información que tenemos de la compañía en todos los aspectos, pese a las buenas palabras del presidente en la reunión que tuvimos en Madrid". Pero donde realmente Puerto Real se mostrará combativo, según Noria, será en la aplicación del nuevo plan industrial. Al respecto, el sindicalista insistió en que "este comité, y por tanto este astillero, no va a firmar ningún plan industrial sin que antes se garantice un aumento de la plantilla. Somos 529 y bajando y por la propia contratación que hace Navantia con ETT se demuestra que esta factoría no puede trabajar con menos de 700 personas". Por último, Noria también explicó que otra de las medidas aprobadas ayer es "exigir a la dirección que refuerce las acciones comerciales para lograr construcción civil".

Puerto Real insiste: no firmará el plan industrial hasta que no se anuncie aumento de plantilla

En San Fernando, por su parte, los trabajadores decidieron en asamblea iniciar movilizaciones: horas de paro, una manifestación para mostrar a la ciudad la situación y la implantación de medidas de no colaboración (como la vuelta de trabajadores desplazados a los astilleros de Cádiz y Puerto Real y la no prolongación de las jornadas de trabajo).

El presidente del comité isleño, Jesús Peralta, explicaba ayer que el mejorado clima de diálogo con la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pilar Platero, y el nuevo presidente de la compañía no se traducen en la puesta en marcha de medidas que puedan tranquilizar los ánimos de la plantilla. Una de las exigencias de esta plantilla también fue la necesidad de la incorporación de jóvenes, algo en lo que no hay que repetir errores del pasado, según Jesús Peralta, que recordó ocasiones en las que la salida de personal jubilado no se compensó con igual número de nuevos trabajadores o directamente no supuso la entrada de nadie.

Los sindicatos no dejan fuera de los tratos que tienen con Navantia a la empresa auxiliar, fundamental en el trabajo que realizan. "Ningún centro de trabajo es capaz de hacer un buque sin la ayuda necesaria de la industria auxiliar", advierten, de ahí que exijan un acuerdo entre la compañía y el sector auxiliar para zanjar los problemas que sufren sus trabajadores, de retrasos e impagos de sus nóminas y de falta de regulación de esos sueldos.

Esto unido a la falta de carga de trabajo que venga a paliar la situación de subactividad en la que se encuentra inmersa la factoría de La Carraca, la falta de regulación de los técnicos superiores y la no aplicación del tercer convenio colectivo llevó ayer a los trabajadores a refrendar movilizaciones, como las horas de paro y el desarrollo de una manifestación "para llevar nuestro problema al ámbito ciudadano y al político". No hay fecha definida, aunque podría ser la segunda o tercera semana de junio, con un recorrido entre las instalaciones isleñas de Navantia y el Ayuntamiento.

Pero además durante la sesión asamblearia se plantearon propuestas complementarias que tuvieron el respaldo de la mayoría y que se centran en romper la colaboración existente con la empresa. De esta forma, los operarios que actualmente desarrollan su labor en otros centros como Cádiz y Puerto Real, se incorporarán a La Isla antes del 7 de junio. "Nuestro convenio no recoge la movilización geográfica obligatoria, sino voluntaria", puntualizaba el dirigente sindical sobre la posibilidad de represalias. En Cádiz hay algo más de una veintena de empleados de la factoría isleña, mientras que desplazados a Puerto Real hay entre 100 y 110, según los datos que aportó el comité. A eso se suma que dejarán de realizarse trabajos fuera de las jornadas establecidas.

Para la plantilla es fundamental que se cierre el acuerdo de las corbetas, pero el comité apuntaba a la necesidad de concretar más carga de trabajo, especialmente la ligada a la Armada, para lo que reclamó un acuerdo entre los cuatro ministerios afectados: Industria, Defensa, Hacienda y Empleo.