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Una invitación lógica y necesaria

Puigdemont haría bien en ir al Parlamento a explicar su proyecto, lo que no debería suponer en ningún momento el inicio de una negociación

La invitación del Gobierno de España al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que acuda al Congreso de los Diputados a explicar y debatir sobre el referéndum de independencia que los soberanistas pretenden promover en Cataluña es lógica y necesaria. Lógica porque, en una democracia como la nuestra, todas las propuestas pacíficas con un cierto apoyo popular, nos gusten o no, deben tener un lugar para la discusión pacífica y sosegada en sede parlamentaria. Necesaria porque es el momento de que el Gobierno tome la iniciativa política tanto para defender la cohesión de España como para poner en evidencia los muchos fallos del procés.

No nos cabe la menor duda de que la invitación del Gobierno de la nación es seria. Para demostrarlo, fue la propia vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de formularla en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, que normalmente corre a cargo del ministro de Educación y actual portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo. Con ello, se dio más peso a una propuesta que tiene su antecedente más claro cuando, en 2005, el entonces lehendakari Ibarretxe acudió a las cortes para explicar y defender un supuesto plan de reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco que los partidos constitucionalistas consideraron como una escala intermedia en el proyecto independentista de los abertzales, el conocido como Plan Ibarretxe. La comparecencia del lehendakari sirvió para que los nacionalistas vascos pudiesen explicar detenidamente a todos los españoles su proyecto. También para que tanto PP como PSOE pudiesen rebatirlo y mostrar sus objeciones. Finalmente, el debate escenificó la soledad del Gobierno de Euskadi, que apenas contó con el voto de los diferentes partidos nacionalistas, mientras que el resto de formaciones, incluida IU, votaron en contra y dieron al traste con el mismo.

Puigdemont puede y debe ir al Parlamento a explicar sus pretensiones. El Gobierno también tiene la obligación de atenderlo, escucharlo y debatir con él sus propuestas. Ahora bien, como se encargó de subrayar la misma Sáenz de Santamaría, una cosa es debatir y otra muy distinta negociar, como pretende el presidente de la Generalitat. Por más que quiera, el Gobierno no puede negociar cuestiones que competen a la soberanía de todos los españoles y que sólo podrían cambiar tras una complicadísima reforma constitucional. Esto deben tenerlo muy en cuenta todos los diputados que se sientan en el hemiciclo, como en su día lo tuvieron aquellos que asistieron a las explicaciones del lehendakari Ibarrtexe.

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