Afines de abril del pasado año conocimos que en el Plan General de Ordenación Urbana se proponía, como medida para incentivar la oferta de vivienda, favorecer la actuación de la iniciativa privada sobre suelos obtenidos por el Ayuntamiento. Es decir, el gobierno de Teófila Martínez se planteaba la posibilidad de que parte de los inmuebles o solares que lleguen a sus manos por expropiación o cualquier otra forma, se pudieran ceder a la iniciativa privada para construir viviendas de Protección Oficial en régimen de alquiler. El constructor obtendría un derecho de propiedad sobre lo edificado, de carácter temporal, además de poder beneficiarse de las ayudas públicas que se conceden a los promotores de VPO. Aunque se explicaba en el PGOU que este sistema tiene la ventaja de que los suelos no salen de la titularidad municipal, se podría evitar la especulación y se fomenta la participación de la iniciativa privada, la medida denota una cierta incapacidad municipal para poder afrontar en solitario el problema de la vivienda social en Cádiz.

Casi dos meses después, a mediados de junio, la Junta de Andalucía presentaba un plan para de rehabilitación pensando en el 2012, un plan que supondría la mayor inversión en la rehabilitación del casco histórico de Cádiz. El anuncio no gustó demasiado al gobierno municipal que denunciaba una supuesta invasión de competencias, aunque Martínez y su equipo deben saber que estas actuaciones ya estaban previstas en el decreto de 1999, con el que la Junta planteó lograr una "intervención integral" que incluía, entre otras cosas, terminar con la infravivienda o la colaboración con el comercio tradicional para su reactivación.

Esta kafkiana situación, en la que por una parte molesta que otra administración intervenga en la rehabilitación de la ciudad, y por otra parece que el ayuntamiento solo no puede acometer las obras, ha sido denunciada por las asociaciones de vecinos cuando terminaba el año, al reclamar al Ayuntamiento que tome medidas para facilitar que la ciudad esté rehabilitada en 2012. Entre los obstáculos denunciados destacan el canon de 10.000 euros por la entrada de camiones en el casco histórico, los horarios limitados para circular los vehículos que transportan el material de construcción, la existencia de viviendas públicas deshabitadas o los largos plazos de los trámites en los expedientes urbanísticos, sobre todo en las expropiaciones.

Pero la denuncia más clara es la que alude a la "guerra por entregar llaves", de la que acusan fundamentalmente al gobierno local sospechando que las expropiaciones se ralentizan con el objetivo de que al Ayuntamiento le dé tiempo a obtener fondos para pagar los justiprecios y así apuntarse el tanto. Y de forma tajante, y no sin razón, afirmaba un representante vecinal: "Si no tienen dinero, que cedan las fincas a la Junta".