Pedro Sánchez no gana para sustos. Desde que Puigdemont rechazó por insuficiente la amnistía diseñada para él todas son malas noticias. Para contentar al insaciable improvisó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que los jueces no puedan dilatar las diligencias abiertas contra los secesionistas. Duró un rato la iniciativa: alguien se dio cuenta de que esa ley había sido reformada por el PSOE para no dañar la lucha contra la corrupción del PP, el narcotráfico y el blanqueo.

Creyó encontrar un aliado en el fiscal del Tribunal Supremo que no ve indicios de terrorismo en los actos del procés catalán –aunque los había visto antes en el borrador de su ponencia– y se tropezó con una junta de fiscales del Supremo que, por doce votos a tres, sí encontró esos indicios en lo disturbios de 2017, y también motivos concretos para imputar a Puigdemont.

Tercer episodio. El Parlamento Europeo reclama, por aplastante mayoría que incluye a los eurodiputados socialistas, que las autoridades judiciales investiguen los presuntos vínculos del independentismo catalán y el Govern de Puigdemont con agentes del Kremlin en el marco de las injerencias desestabilizadoras de Putin en la Europa democrática. Estamos hablando de palabras mayores: al igual que el terrorismo, una implicación en delito de traición no podría ser amnistiada por una ley impecablemente constitucional ni aceptada por la Unión Europea.

Conforme se acumulan los obstáculos a la Operación Siete Votos se agrietan los sofismas de su sumo sacerdote. “Todos sabemos que el independentismo no es terrorismo”, decretó con la apariencia de rotundidad argumental de quien sabe que carece de argumentos. Uno, ¿quién es él para sentenciar lo que es y lo que no es terrorismo, o sea, un jefe del Poder Ejecutivo que se erige en superjefe del Poder Judicial? Dos, ningún juez ha abierto diligencias a nadie por ser independentista, sino a algunos independentistas por si cometieron delitos graves, y a unos cuantos específicamente por terrorismo. Tres, y añadido: los protagonistas de estos reveses en el mundo judicial no encajan en el relato de Puigdemont comprado generosamente por Sánchez. El fiscal del TS que informó favorablemente al de Waterloo resulta que es conservador y los fiscales que lo contradijeron son conservadores y progresistas. Aquí no hay ideologías amigas y enemigas, sino jueces y fiscales.