El pasado martes tuvo lugar un bombazo sin precedentes. Por primera vez en la historia de la democracia española, una huelga conjunta de jueces y fiscales tuvo una acogida masiva a nivel nacional. Reivindicaban lo que vienen solicitando de forma unánime los últimos meses. Por su parte, los jueces exigen el reforzamiento de la independencia judicial y que el Consejo General del Poder Judicial no sea elegido por los políticos, ya que de esta forma pierde su independencia. Piden también la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos, que es una vergüenza. Además, reivindican la modernización de la Administración de Justicia mediante un importante esfuerzo inversor destinado a incrementar el número de jueces y juezas -equiparándolo a la media europea-; a la modernización de los edificios judiciales; a implantar el expediente judicial útil que facilite el ejercicio de la función jurisdiccional; y a procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.

También reivindican las mejoras de las condiciones profesionales de los jueces: quieren ganar más dinero porque creen que su trabajo vale más dinero, y se comparan con sus colegas europeos, que ganan más. Esta mejora salarial lo que busca es recuperar los recortes de los últimos siete años que no les han sido resarcidos, mientras que para otros colectivos de funcionarios, sí. Amén de lo anterior, piden la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo. Yo invito al ciudadano de a pie a que un día se pase por el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz y vea, a modo de ejemplo, las montañas de expedientes que se apilan en los laterales de sus archivos. Comprenderá exactamente de lo que estoy hablando, porque es inhumana la carga de trabajo que algunos juzgados soportan.

Los convocantes fueron todas las asociaciones de la Judicatura y ayer paralizaron la Administración de Justicia en España. A ellos la palabra "huelga" no les gusta, les repugna de cierta forma, pero es que "no hay más tutía" para cambiar la situación.

A mí, como abogado en ejercicio, todo lo que piden me parece no sólo correcto, sino muy, pero que muy justo. La Justicia es la última asignatura que ha quedado atrasada y sin aprobar por la democracia española.

Pues bien, al carro de la huelga se apuntó el martes también la Fiscalía. Por su parte, las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General de Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

Justicia no ha respondido a las peticiones. Por cierto, todos piden también la dimisión del ministro de Justicia Rafael Catalá, entre otras cosas, por su "cagada" cuando criticó a un juez del tribunal que juzgó el caso de La Manada. La Justicia, siempre la gran olvidada.