Ultimátum al Molino de Mareas

  • Costas inicia el proceso para recuperar la concesión del histórico edificio, en manos de Unión Salinera El Ayuntamiento exige a la empresa obras de rehabilitación urgentes

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La presión crece. La multinacional francesa propietaria de la Unión Salinera cada vez tiene más complicado ignorar los requerimientos que, desde las administraciones, se le están haciendo para que ejecute obras de rehabilitación en el Molino de Mareas, que forma parte del Patrimonio Histórico de Andalucía y que se encuentra en un estado que bordea la ruina.

Hace ahora un año, el 25 de mayo de 2015, se trasladó a la compañía gala, propietaria de una decena de salinas en la Bahía de Cádiz, un requerimiento para la ejecución de estas obras. Ante el silencio de la empresa el Ayuntamiento volvió a repetir el requerimiento a principios de este año, el 21 de enero. En este caso, Unión Salinera presentó un recuero en alzada, al considerar que en el título de concesión de estas instalaciones no se incluye la ejecución de este tipo de trabajos. En todo caso, la propiedad de la salina remitió la pasada semana una carta a Costas en la que acepta realizar en el equipamiento una serie de arreglos urgentes, aunque siempre "mínimos".

Tras este nuevo pulso de los franceses, que llevan años ignorando las peticiones de las administraciones, el Ayuntamiento optó el 28 de marzo por ordenarles la ejecución de obras de seguridad, más allá de la restauración antes reclamada. Y a la vez, ese mismo día la Dirección General de Costas solicitó la autorización para iniciar el expediente de caducidad de la concesión.

Costas se apoyó en el "abandono y falta de utilización durante un año" de estas instalaciones y a la vez en "el incumplimiento de condiciones cuya inobservancia está expresamente sancionada con la caducidad del título", que le fue otorgada en noviembre de 2014.

Más allá de la falta de mantenimiento de este histórico inmueble, la Unión Salinera ha ignorado también las convocatorias para reunirse con las administraciones, como pasó en octubre de 2015 cuando se mantuvo un encuentro con el Parque Natural de la Bahía, el Ayuntamiento de Cádiz, la Demarcación de Costas, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Cultura. El acta dejó clara la postura de la firma gala: "No asiste, ni excusa su asistencia, a pesar de ser convocado por varios medios, ningún representante de la empresa Unión Salinera".

El silencio "manifiesto y continuado" de la titular de la finca provocó que los presentes asumiesen que era necesario "aunar esfuerzos y aplicar de forma rigurosa la legislación, de forma que se exija a los concesionarios a asumir sus responsabilidades o por el contrario liberen el dominio público marítimo terrestre para que se pueda actuar desde el sector público". Esta presión, ya patente con las últimas decisiones de Costas y el Ayuntamiento, se apoya en un incremento de las inspecciones.

En todo caso, Patricio Poullet, jefe de la Demarcación de Costas, advirtió a este periódico que el proceso de recuperación del dominio terrestre "es extremadamente lento, al ser muy garantista en beneficio del propietario. Es un proceso nada habitual y nada fácil de ejecutar", por lo que no se puede calcular cuándo podría volver este equipamiento a manos públicas.

Lo cierto es que esta andanada de las administraciones públicas llega en un momento crítico. Desde las obras de emergencia que por su cuenta y riesgo ejecutó hace unos años el Ayuntamiento de Teófila Martínez, y que evitó el hundimiento de parte de la estructura, nada se ha hecho por salvar una de las principales construcciones que de la industria salinera aún quedan en pie en la Bahía.

En febrero del año pasado, Costas, Junta y Ayuntamiento se sentaron para hablar del Molino. Entonces se valoró el encuentro como uno de los grandes pasos dados en la recuperación del edificio y, con ello, la revitalización del parque natural en el espacio que afecta al término de la capital, que es el menos utilizado por la ciudadanía en toda su extensión.

Costas, administración de la que depende todo este suelo y a la que pasaría la gestión del Molino si llega a buen fin el proceso legal ahora abierto, tiene claro que cedería a la Junta o al Ayuntamiento el papel de controlar los usos que se le den al edificio.

El temor es que la lentitud del proceso administrativo iniciado afecte de tal manera en la estructura del Molino que, cuando llegue el momento de recuperar su propiedad, sea más complicado y más costoso su definitiva recuperación.

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