El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ignacio Romaní, denunció que la propuesta de despenalización de la venta ambulante de Unidos Podemos supone "una absoluta falta de respeto por la verdad". Para ello, argumentó que "los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, en su modalidad de distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de los artículos 270.4 y 274.3 del Código Penal, tienen asignada una pena de prisión de seis meses a dos años. Cuando el beneficio obtenido o esperado sea de escasa entidad y atendiendo a las características del culpable, admiten la aplicación de la pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días".

Romaní defendió la labor que hizo el anterior equipo de Gobierno respecto a la venta ambulante, ya que "llegamos a un acuerdo con un colectivo de subsaharianos que tuvieron la oportunidad de establecer un mercado ambulante en el Paseo Marítimo". Por ello, indicó que los miembros de Podemos "son gente sin escrúpulos" por defender la venta ilegal, pero que "cuando un comerciante cierre o tenga que despedir a un empleado porque no vende nada se pondrán en la puerta de la tienda con un megáfono a pedir dignidad y trabajo para los comerciantes".

Por su parte, Fran González (PSOE) afirmó que esta propuesta se hace "en una situación con un contexto social grave" tras la muerte de Mame Mbaye, por lo que "tiene una connotación poco afortunada".

Ante la situación de los inmigrantes que se dedican al top manta, apuntó que "tiene que haber políticas de inmigración acordes a la realidad, ya que hay que atender a estas personas y ofrecerles recursos", recordando el proceso de regularización de inmigrantes que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahí, los esfuerzos deben ir encaminados "a dirigir la actividad económica y que se haga a través de los cauces reglamentarios".