El anterior alcalde de Cádiz, José María González Kichi, tendrá que volver al Juzgado para rendir cuentas de su actividad en San Juan de Dios los pasados ocho años. Acostumbrado a las citaciones judiciales en unos convulsos mandatos donde los casos abiertos superaron la quincena -sin que ninguno llegara a nada-, el que fuera alcalde tendrá que comparecer una vez más, después de abandonar la vida política municipal hace ahora un año. En este caso, Kichi ha sido citado como investigado en un presunto delito de prevaricación, a los que el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad podría añadir los de malversación “u otros relacionados”.

Los hechos que investiga la Fiscalía, que ha formulado “denuncia criminal” contra el alcalde y parte de su equipo, se centran en el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor que el gobierno local trajo a Cádiz en el año 2018 y que durante varios meses estuvo analizando y manipulando documentos municipales, pese a no formar parte de la plantilla ni tampoco ser nombrado asesor del alcalde, de su gobierno ni de ningún ente dependiente del Ayuntamiento.

No estará Kichi solo en su comparecencia judicial, ya que el exalcalde ha sido citado junto a tres de los que fueran sus concejales (David Navarro, que estuvo al frente del área de Personal; José Ramón Páez, que en el intervalo de los hechos que se investigan era asesor y después ocupó la concejalía de Hacienda y de Deportes; y Laura Jiménez, que fuera en el primer mandato de Kichi concejala de Turismo) y al asesor de su gabinete, José Vicente Barcia.

También declarará en calidad de investigado el protagonista de los hechos que desde el año 2021 viene investigando la Fiscalía. Se trata de Fernando García Acuña, que según las investigaciones estuvo desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 15 de abril de 2019 “impartiendo instrucciones a terceros” dentro del Ayuntamiento; funcionarios que, como refleja la propia Fiscalía, “ostentaban la condición de funcionario público” y “reunían los requisitos académicos y experiencia profesional suficiente para no precisar la ayuda de terceros en el ámbito de actuación de sus competencias”.

Según se desprende de las diligencias e investigación a la que ha tenido acceso este periódico, la llegada de García Acuña al Ayuntamiento estaría avalada por la organización nacional de Podemos, para la que trabajaba en Madrid, desde donde vino a Cádiz a asesorar en materia de Contratación, en la que lo consideraban un experto. Llama la atención cómo Fiscalía indica que este asesor fantasma tomaba decisiones, daba indicaciones e instrucciones e incluso modificaba expedientes que tenían “carácter preceptivo en cuanto a su cumplimiento, extremos que debían ser acatados por los funcionarios públicos del Ayuntamiento, siendo respaldado en el ejercicio de sus funciones y en la toma de sus decisiones por miembros del equipo de gobierno local”.

En concreto, se le imputan a este asesor sin cargo la intromisión en dos expedientes que se estaban tramitando en 2018. De un lado, la explotación del yacimiento Gadir y, de otro, la renovación del contrato del servicio de información turística. En ambos casos, la investigación arroja pruebas documentales y testimonios de funcionarios que confirman las injerencias de García Acuña a la hora de corregir el pliego de condiciones y tomar decisiones relativas a las cláusulas que había que incorporar e incluso a cuestiones económicas relacionadas con los concursos que habían de publicarse.

Esta labor de García Acuña finalizaría en esa fecha de abril de 2019, momento en que pasó a formar parte de la plantilla municipal al obtener una plaza como técnico de la Administración General (TAG) para la confección de expedientes relacionados con la Edusi; y ese acceso final al Ayuntamiento se mantendría desde entonces, pasando en el año 2022 a la plantilla del Ifef, donde percibía una remuneración de 38.611,44 euros anuales.

La declaración de Kichi y parte de su equipo ha sido fijada para el próximo 24 de junio, y supone el último paso de una investigación que Fiscalía viene realizando desde el año 2021 y que ha implicado la intervención de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional, el requerimiento de numerosa documentación al Ayuntamiento y la toma de declaración en calidad de testigos de un buen número de técnicos municipales y de otras personas cercanas al exalcalde, como el actual concejal y antes asesor Demetrio Quirós o la que fuera portavoz del grupo municipal de Por Cádiz Sí Se Puede, Ana Fernández.