Parafraseando con ironía a Fray Luis de León, cuando volvió a dar clases a sus alumnos de la Universidad, tras pasar cinco años en la cárcel, como si no hubiera pasado el tiempo, bien podríamos decir en este caso "Derribábamos ayer". Porque han hecho falta que transcurran cerca de cinco años desde el inicio de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en pleno casco urbano de Grazalema, para que el Ayuntamiento de esta localidad serrana acuerde la demolición de lo edificado.

La Junta de Gobierno Local, que preside la alcaldesa, María José Lara Mateos (PSOE), en sesión celebrada el pasado día 16 de este mes, ha acordado la demolición parcial de edificio de viviendas erigido sobre el cauce del Guadalete por parte de la empresa Inmocentral. En el acuerdo adoptado, el gobierno municipal da un plazo de un mes a la empresa para que acometa el derribo de todo lo que se construyó sobre el río, cuyo cauce fue desviado, construyendo otro artificial con hormigón y piedras.

Entra de este modo por fin en su recta final el último expediente de restitución de la legalidad urbanística que le fue incoado a la empresa promotora. Se atisba por fin al fondo del túnel la luz de una controvertida actuación que arrancó en julio de 2005, cuando los promotores, comenzaron a hacer unos trabajos que, aunque en origen carecían de la preceptiva licencia de obras, no fueron paralizados hasta cerca de tres meses después. Cuando ya habían destrozado el cauce para erigir en dominio público hidráulico un bloque de viviendas, con fachada a la plaza de la Asamblea y a la calle del Chorrito, y a raíz de denunciar el destrozo Ecologistas en Acción.

Desde entonces, han transcurrido otros cuatro años y medio más durante los que varios de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento a la empresa han llegado a caducar, debiendo ser sucesivamente reabiertos. Cuatro años y medio de dilaciones, cruces de papeles, y hasta una petición de prórroga por parte de la empresa para presentar el obligado proyecto para instar a la legalización de los trabajos realizados, derribando lo hecho y restaurando el cauce originario, que les fue concedida por el Ayuntamiento. Por pedir, hasta Inmocentral llegó a requerir que la Agencia Andaluza del Agua realizara un informe para decirles por dónde debían volver a poner al cauce primitivo. Y todo ello, para acabar presentando el mismo proyecto que había provocado el desvío. En paralelo, el expediente sancionador también se ha dilatado en demasía en el tiempo. Tanto que hasta el pasado diciembre, más de cuatro años después, no les impuso el Ayuntamiento la primera multa coercitiva (por 9.000 euros, el 10% del valor estimado de las obras hechas). Después, han llegado dos o tres más, pero la empresa hasta el momento no ha abonado ni un euro.

Ahora, por fin, Inmocentral ha presentado el proyecto de restauración exigido que, con todos los informes favorables, ha aprobado el Ayuntamiento, urgiéndoles a que derriben en un mes.

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