El Gobierno insistió ayer en que la energía eólica marina es “una prioridad” en su agenda política y avanzó que sus ministerios de Industria y Medio Ambiente están trabajando con la mirada fija en dos “retos”: iniciar la tramitación administrativa de los proyectos que se han presentado para las costas españolas, y propiciar un desarrollo tecnológico en el país que dé soporte a este sector.

La apuesta –al menos, declarada– no es una cuestión de voluntad, sino de rotunda necesidad: España no tiene más opción que instalar aerogeneradores en el mar si quiere alcanzar el objetivo del 20-20 (el 20% de la generación energética de 2020 mediante renovables) fijado por la UE, contribuir a la reducción mundial de emisiones de CO2, reducir su dependencia energética, y mantener el liderazgo logrado en la industria eólica en tierra, donde las mejores plazas ya han sido ocupadas y “empiezan a escasear” ubicaciones.

El secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y el jefe del área de Producción de Régimen Especial del Ministerio de Industria, Santiago Caravantes, expusieron ayer este posicionamiento de la Administración con respecto a las generación off-shore en el III Encuentro Especializado en Parques Eólicos Marinos organizado por Unidad Editorial en Madrid, que contó con la presencia de representantes de varios gobiernos autonómicos, técnicos de las grandes energéticas nacionales, y especialistas en esta energía aún inexplorada en el país.

Este apoyo expreso del Gobierno a las eólicas marinas no se ha traducido, sin embargo, en una aceleración de la regulación administrativa del sector. En los dos últimos años ha aprobado la Evaluación Ambiental Estratégica del Litoral para estas explotaciones energéticas, que divide la costa entre espacios aptos y no aptos para la instalación de aerogeneradores, y ha aprobado el Real Decreto 1028/2007, que enumera los procedimientos que deben superar los proyectos de energía off-shore.

Es en ese punto donde se encuentra ahora la industria: el Gobierno ha recibido las propuestas de las empresas, a las que debe asignar espacios para que estudien el recurso y profundicen en el conocimiento del entorno.

Los técnicos de Medio Ambiente e Industria reconocieron ayer ante los primeros espadas del sector que el despegue está siendo “lento y complejo”, y adelantaron su última previsión para la puesta en marcha de las primeras instalaciones: 2016. Según detalló Caravante, la asignación de espacios en la costa a las promotoras, que se resolverá mediante una concurrencia, no se concretará hasta “dentro de unos ocho meses”, bien entrado 2010. Cada compañía tendrá entonces un plazo de dos años para estudiar a fondo las características del viento en cada zona y determinar la viabilidad de su plan. Después de esta fase, las compañías dedicarán otros dos años a afrontar la decisiva evaluación ambiental del parque y otras autorizaciones administrativas, como la concesión de dominio público marítimo-terrestre. Es el horizonte de 2014. Las empresas que hayan superado toda la tramitación empezarán a construir los parques, compleja tarea a la que dedicarán otros dos años, según las estimaciones ofrecidas ayer por el Gobierno.

“Hay posibilidades de que algunas etapas duren más o menos, especialmente las relativas a autorizaciones administrativas”, añadió el directivo de Industria. Aun así, los promotores reunidos en Madrid coincidieron en que 2016 es la fecha de desarrollo que maneja ahora la industria para llevar los aerogeneradores al mar, y se mostraron críticos con la lentitud administrativa del Gobierno.

El director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Alberto Ceña, valoró que “al menos” ya exista una regulación para el sector, después de una década de vacío legal, pero reclamó al Gobierno “mayor decisión” para lanzar esta nueva industria energética y pidió también la implicación de las comunidades autónomas. “Creo que la eólica marina no está todavía en la hoja de ruta del Gobierno, y no percibo la suficiente implicación ni decisión para sacarla adelante. Hay que llevar este tema al día a día y elevar el nivel del debate político sobre su desarrollo. Pido una reflexión”, subrayó el portavoz de la AEE.

Directivos de promotoras como Iberdrola, Acciona, Capital Energy o Bogaris, que tienen interés en instalar parques en aguas de Cádiz, también señalaron su preocupación porque España “pueda llegar tarde al sector si no empieza a desarrollarlo ya”, en palabras de Álvaro Martínez Palacios, de Iberdrola. En sus exposiciones en el foro eólico, los expertos evidenciaron su incertidumbre ante el lento despegue del off–shore y detallaron la carrera tecnológica que se está desarrollando en el mundo. Con la vista en 2016, la prioridad de las energéticas es ahora lograr la instalación de parques experimentales en los que el sector dé sus primeros pasos reales.