Consideran que no se les ha tratado igual que a otros funcionarios que podrían tener implicación en el caso. Afirman que desde el Ayuntamiento isleño no les han dado explicaciones suficientes, ni de viva voz, ni por escrito. Éstos son los argumentos a los que se aferran los dos trabajadores municipales imputados hasta el momento por la desaparición de 7,7 millones de euros de las arcas locales para alegar contra sus expedientes de suspensión de empleo y sueldo.

Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, a través de sus respectivos abogados, tomaron esta decisión días atrás, una decisión que hicieron efectiva el 5 de mayo con la presentación de estas alegaciones al Consistorio. Este documento concede un mes para que el ente municipal cambie de opinión y levante la suspensión, una circunstancia bastante improbable a la luz del desarrollo de los hechos. Así que, de mantenerse la suspensión tras el 5 de junio, explican sus abogados, los imputados darán el salto a la vía judicial y abrirán un contencioso adminisitrativo contra el propio Ayuntamiento.

Por el momento, y desde que el alcalde de San Fernando, Manuel de Bernardo, lo anunciara a comienzos del pasado mes de abril, ambos funcionarios tienen aplicada esta suspensión, que no comprende la retirada total del salario, aunque sí una reducción considerable ya que cada uno de ellos se queda con el salario básico y el plus de ayuda por hijos.

Por otra parte, en la jornada de hoy las asociaciones vecinales isleñas deben tomar la importante decisión de adscribirse o no a la plataforma Pro Responsabilidades Políticas Ya, un foro que pide la ruptura del pacto y la dimisión del regidor andalucista, de la edil de Hacienda, Mercedes Espejo y del interventor y la tesorera por su responsabilidad en los hechos. Será en una reunión que se celebrará en el centro cívico del barrio de La Ardila donde las 42 asociaciones adscritas a la federación isleña deberán emitir su voto tras conocer los últimos detalles sobre el desfalco. La adhesión de este colectivo supondría sin duda un duro revés al Gobierno local.

En la esfera política, sin embargo, el secretario provincial del PA, Ramón Sánchez Heredia, mostró ayer en un comunicado su respaldo al alcalde de San Fernando. "Los primeros interesados en que se resuelva el caso somos los andalucistas, con De Bernardo a la cabeza, como ha demostrado desde un primer momento dando la cara y denunciando los hechos". Por su parte, UPyD, que en La Isla no cuenta con representación en el gobierno, pide a PP -socio de gobierno- y PSOE -único partido de la oposición- que cumplan con su "obligación moral" y soliciten cuanto antes una moción de censura contra el alcalde.