Ecologistas en Acción solicitará una condena de cinco años de cárcel para el ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y para el que fuera concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Juan Carlos Rodríguez, por facilitar autorizaciones de enganche de luz y no tomar medidas disciplinarias contra las viviendas del diseminado ilegal de Pinar de Coig.

Ésta será la calificación que el colectivo presente en las diligencias previas abiertas en el juzgado número 2 de El Puerto contra ambos ex responsables municipales. La petición se suma a la conocida la semana pasada de la Fiscalía que reclama dos años de prisión y nueve de inhabilitación especial para cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística.

Ecologistas mostró ayer su satisfacción por la solicitud del Ministerio Fiscal ya que ratifica, a su juicio, las continuas denuncias que han realizado sobre una supuesta dejadez de funciones en materia de disciplina urbanística por parte del anterior gobierno municipal de Independientes Portuenses (IP) con este diseminado ilegal situado en las faldas de la Sierra de San Cristóbal. Sin embargo, la asociación entiende que las penas solicitadas por el fiscal son cortas. Por ello, en el escrito de calificación que la entidad presentará en unos días en el Juzgado se argumentará que la condena deberá ser de cinco años por una presunta comisión de los delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales, los mismos que ya se habían apuntado en la denuncia que hizo en 2005 ante la Fiscalía y que derivó en este proceso judicial. También se solicitará otros nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargo público.

Para el letrado de la entidad, Enrique Bartolomé, se debe tener en cuenta una serie de "agravantes" a la hora de enjuiciar el caso. Así, explicó que hay que aplicar el "carácter público" de los denunciados, uno de los supuestos que recoge el Código Penal para aumentar las condenas. Bartolomé recordó que ambos tenían responsabilidades de gobierno, lo que les sirvió, por ejemplo, para enviar varios escritos a la empresa Endesa autorizando los enganches de luz a las viviendas ilegales.

Otro de los agravantes a los que se referirá Ecologistas en Acción será que Hernán Díaz está cumpliendo actualmente una condena de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación, lo que provocó su salida forzosa de la Alcaldía en 2006. Asimismo, el grupo conservacionista reclamará que se condene también a José Pinto Fuentes, el propietario originario de parte del Pinar de Coig que se parceló y en la que se construyeron posteriormente los chalés. Ecologistas propondrá que se le imponga una pena de dos años de cárcel .

El diseminado ilegal de Pinar de Coig está conformado por una treintena de viviendas construidas sobre un terreno calificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como sistema general de espacios libres. Las diligencias previas se iniciaron a finales de 2005 tras unirse en un sola las denuncias que habían presentado por separado Ecologistas en Acción y un grupo de propietarios del Pinar de Coig. En próximos días deberán llegar al Juzgado los escritos de calificación de los denunciantes así como el de la defensa de Díaz y Rodríguez. Todo el expediente se remitirá finalmente al Juzgado de lo Penal de Cádiz para que se celebre el juicio en próximos meses.