Dieciocho agencias públicas empresariales y tres agencias de régimen especial, más otros 72 entes, si bien los sindicatos aumentan hasta casi 200 las empresas creadas exclusivamente para abastecer de servicios a la Junta de Andalucía. Es lo que se denomina administración paralela, con sus propios mecanismos pero sostenida con el dinero de los impuestos. En la provincia de Cádiz para esta administración paralela trabajan, según el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), unas dos mil personas, y en aumento, ya que el único empleo 'público' que se crea para la administración general de la Junta (aquí se excluye sanidad, educación y justicia, es decir, médicos, enfermeros, profesores, jueces...) es el de estas empresas.

"Es un empleo que se crea sin las condiciones básicas de la oferta pública, es decir, publicidad, mérito y capacidad", explica una funcionaria de Cádiz adscrita a uno de los sindicatos de la función pública que reconoce no saber, pese a que se han pedido por activa y por pasiva, los datos de empleo de esa administración porque "por no saberlo , no lo sabe ni la presidenta de la Junta. Sé que en 2012 nosotros éramos 4.850 funcionarios en la provincia y personal público de lo que se llama sexto convenio, trabajo público puro y duro. De ese no se ha creado ni un puesto de trabajo, todo se ha creado en la administración paralela, con lo que, a la fuerza, la diferencia entre uno y otro se va estrechando".

En la provincia esta estructura supone un coste estimado de no menos de 280 millones de euros de los más de 3.000 que están presupuestados para este ejericicio. Cada Consejería cuenta con una o dos agencias de naturaleza privada pero de función pública, que tienen su representación en cada una de las delegaciones provinciales. De este modo, en la provincia operan, por mencionar sólo las más conocidas: Idea, Amaya, la Agencia de Obra Pública, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Agencia Andaluza del Conocimiento... Son empresas que no tienen funcionarios y no existe un control de contratación por parte de la Administración, explican los sindicatos de funcionarios. Sobre estos organismos, que en realidad son empresas, ha recaído la duda del enchufismo, si bien los representantes sindicales más críticos, CSIF y SAF, no quieren afirmar que "todos sean enchufados, pero que una buena parte sí es innegable. Lo sabe todo el mundo"

Además de estas agencias, se encuentran otros instrumentos: las agencias públicas empresariales, como el Servicio Andaluz de Empleo, donde sí trabajan funcionarios, pero "casualmente los mandos nunca lo son porque los aportan la parte privada del servicio. Esto provoca numerosas fricciones en los centros de trabajo públicos, ya que hay documentos a los que sólo puede dar curso un funcionario, que para eso los tienen ahí, pero con la que está cayendo los funcionarios no firmamos cualquier cosa, que luego llegan las imputaciones, como ha pasado en Formación", explica otro funcionario adscrito al Sindicato Andaluz de Funcionarios, la central que llevó a los tribunales este sistema semipúblico-semiprivado, creado en 2011 bajo la gestión de José Antonio Griñán y al que la Justicia le ha dadio viabilidad.

El sindicato CSIF no acudió a esa batalla jurídica, pero se ha mostrado crítica con la fórmula: "No queremos que siga vigente por ineficaz. Queremos otro modelo, consensuado y negociado que dé respuesta a las necesidades de los Empleados Públicos y de los ciudadanos y que haga una administración más eficaz, eficiente y cercana. Aquello fue un intento fallido de imponer un modelo que se ha demostrado que no da resultado. Debe hacerse una distribución de efectivos que dote a los centros de trabajo que lo necesiten de los recursos humanos necesarios para desempeñar sus funciones. Eso debe regularse y legislarse mediante una Ley de Función Pública y una Ley de Potestades Administrativas que señale que éstas son competencias exclusivas de los Empleados Públicos, y que ellos son sus garantes y los únicos que pueden desempeñarlas".

Este estado de descontento y desconfianza no significa que exista por la parte sindical un deseo de que se desmantele todo el entramado de un día para otro. "Hay personas muy válidas que llevan mucho tiempo trabajando en estas agencias que deberían ser aprovechadas, pero siguiendo criterios de selección propios de una empresa pública, no que esas agencias sean una puerta abierta al empleo público para todos".