"Morenés no nos abandones", "Las familias de los Tedax caídos no nos merecemos esto". Son pancartas que se pudieron ver a la puerta de la Escuela de Suboficiales el día de la entrega de despachos hace unas semanas, a la que acudió el ministro de Defensa. Las portaban familiares de los militares fallecidos el 24 de febrero de 2011 en Madrid, en unos ejercicios de desactivación de explosivos. Se preparaban para iniciar en pocos días su misión en el Líbano pero ni Víctor Manuel Zamora Letelier ni Javier Muñoz Gómez, del grupo especial de desactivación de explosivos de Infantería de Marina destinados en el TEAR de San Fernando, dos de los cinco caídos, pudieron iniciarla. Ambos dejaronviuda e hija. Tampoco los heridos, del mismo grupo de la Armada, dos de ellos graves, Raúl González Fernández y José Manuel Candón Ballesteros, que despertó mes y medio después del fatal siniestro.

En la puerta de la Escuela de Suboficiales hacían pública su lucha porque Defensa les dé lo que creen justo tras entregar sus vidas o parte de ellas -los heridos tienen unas minusvalías superiores al 90% con una deficiencia visual grave, secuelas esteticas severas y multitud de esquirlas incrustadas aún-. "No nos interesan que vengan con medallitas", comentaban los familiares. Y es que, tras las diligencias previas y archivo del caso por los tribunales, presentaron una reclamación de responsabilidad de la administración por los graves daños sufridos que, todo apunta, Defensa no va a reconocer. De hecho, aseguran, ya hay una familia madrileña a la q se le ha notificado.

Si es así, se quedarían solo con la pensión que están recibiendo, entre los 900 y 1.400 euros -menor si quien la recibe son los padres de las víctimas-, y la indemnización que recibieron en su día del seguro colectivo, y que en ningún caso superó los 20.000 euros "¿Eso es lo que vale un fallecido para Defensa? ¿20.000 euros?, se preguntan.

Su letrado, Juan Jesús Blanco, espera que desde el Ministerio y el Consejo de Estado reconsideren el asunto. Cree que el proceso judicial ha dejado muchas dudas y que "la administración militar debería cuidar un poquito más a sus hijos". "Si piensan que con recibir la pensión es suficiente estamos viendo una cierta orfandad tutelar y es muy triste que tuviera que buscar la justicia en los tribunales, a través del contencioso administrativo", apuntó.

En su búsqueda de justicia, los familiares han empezado a moverse y reunirse con representantes políticos. Hace unos días lo hicieron con el teniente de alcalde de San Fernando, Fran Romero, del Partido Andalucista, y en breve esperan que sean más representantes políticos los que les escuchen. "Porque es muy duro para los familiares seguir con esto cuatro años después y si hay que ir a los tribunales nos llevaríamos otros años más", explican.

Su petición también ha llegado al Congreso de los Diputados. La diputada de UPyD, Irene Lozano, ha registrado unas preguntas para que las responda el ministro de Defensa, Pedro Morenés, sobre este asunto y sobre la seguridad en el adiestramiento de estos expertos en explosivos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que a todos los damnificados "se les ha dado todo lo que refleja la legislación vigente: pensión, en sus distintas modalidades, y la indemnización del seguro colectivo" y que la postura del Ministerio de Defensa en todos los casos es "la del cumplimiento estricto de la ley".

Parece que no hubiera sido igual si el accidente hubiera ocurrido en el Líbano, entonces se le hubiera aplicado el decreto sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y de seguridad(R.D.L 8/2004). Ellos se preparaban para una de estas operaciones, le faltaban pocos días. "No estábamos jugando", afirman.