El pleno del Ayuntamiento de Conil aprobó el jueves tres ordenanzas municipales que abren el camino para la regularización de unas 5.000 viviendas del diseminado municipal, la mayor parte de ellas ubicadas en suelo agrícola. Estas ordenanzas han podido salir adelante gracias a la adaptación hace dos años del PGOU de Conil a la LOUA y gracias, sobre todo, al reciente decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía que otorga a los ayuntamientos la potestad para llevar a cabo estos trámites.

Desde el Ayuntamiento de Conil se explicaba ayer que la elaboración de estas ordenanzas es la culminación de un intenso estudio previo realizado por los técnicos del área municipal de Urbanismo, el cual determinó que del total de las viviendas cuya situación podía regularizarse, un 10% estaba repartido en cuatro asentamientos urbanísticos, mientras que el 90% restante, es decir, en torno a unas 4.500 viviendas, estaban aisladas en el campo, en suelo agrícola. Este segundo conjunto de edificaciones podrían iniciar en poco tiempo los trámites para ser declaradas Asimiladas a Fuera de Ordenación (AFO).

En concreto, el pleno aprobó, con los votos a favor de IU, PSOE y PA y la única abstención del PP, tres ordenanzas que regularán todo este procedimiento. La primera de ellas lo que hace es declarar en situación asimilada a la legalidad todos los usos, construcciones e instalaciones establecidas en suelo no urbanizable del municipio conileño. Es decir, que regula los requisitos que tienen que cumplir estos inmuebles, como, por ejemplo, que no se encuentren inmersos en un proceso sancionador, que no estén en suelo de especial protección o inundable y que tengan más de seis años de antigüedad, ya que este es el plazo establecido en el decreto de la Junta por el cual se considera prescrito el supuesto delito contra la ordenación del territorio.

La segunda ordenanza que vio la luz es la que regula las normas mínimas de habitabilidad y salubridad de las edificaciones ubicadas en suelo no urbanizable. Así, para poder iniciar este proceso de regularización, el propietario de la vivienda en cuestión tendrá que aportar la documentación de identificación del inmueble afectado, la documentación de terminación de la edificación y la certificación que acredite que reúne las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad que fija la propia ordenanza.

De esta manera los titulares de este tipo de construcciones en el campo podrán solicitar un certificado que les permitirá iniciar trámites como registrar la propiedad de la vivienda o pedir servicios y suministros básicos como el agua o la luz. Este certificado, que será emitido por el propio Ayuntamiento, tendrá un coste para el propietario que será equivalente al 3,46% del presupuesto de ejecución material de la construcción, tal y como recoge la tercera de las ordenanzas aprobadas en el pleno, en este caso de carácter fiscal. Cabe precisar que el decreto de la Junta establece que el coste de este servicio corre a cargo del propietario de la vivienda y no de la administración que lo emite.

Estas tres ordenanzas, que habían sido consensuadas antes del pleno del jueves por los grupos municipales de IU y PSOE, serán publicadas durante un plazo de 30 días. Una vez que se resuelvan las alegaciones, en el caso de que se presentaran, el Ayuntamiento de Conil pocederá a la aprobación definitiva de las mismas.