Los cuatro sindicatos que representan a los ex trabajadores de Delphi (UGT, CGT, CCOO y USO) comparten la idea de acusar a la Junta por el incumplimiento del protocolo de recolocación pero no hasta el punto de presentar una denuncia a la totalidad del acuerdo firmado en 2007.

Según pudo saber este periódico, el punto que une a las cuatro fuerzas sindicales es el hecho de acusar a la Junta de "agravio comparativo" de los 500 ex trabajadores que quedan pendientes de solución con el resto de antiguos compañeros que sí han encontrado una salida, bien sea a través de autoempleo (con los Proyectos Personales de Inserción, PPI), a través de prejubilaciones o bien porque hayan encontrado otro trabajo.

Sólo CCOO aseguró ayer que denunciar a la Junta no es ahora lo más adecuado, sino exigir que el protocolo sigue vigente. Hay que recordar que fue Antonio Montoro, portavoz de UGT en Delphi, quien avanzó la posibilidad que estudia su sindicato de demandar a la Junta, pero en este sentido, por agravio comparativo con el resto de afectados.

Además, insistieron ayer desde los cuatro sindicatos de Delphi en que el protocolo de recolocación es claro en este sentido: "señala que sólo se puede dar por finalizado por acuerdo entre ambas partes, y no es el caso; la Junta quiere romperlo de forma unilateral", indicaron fuentes sindicales. Por eso, seguirán planteando movilizaciones y una nueva estrategia que decidirán en una reunión mañana miércoles.

Quien sí respondió a los sindicatos ayer fue el consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, quien aseguró que la Junta de Andalucía no ha desatendido a los extrabajadores de Delphi, afectados por el cierre de la empresa. En declaraciones a los periodistas en Jaén, Avila señaló que la Junta "no ha desatendido ni mucho menos" a este colectivo, "más bien al contrario".

Al respecto, y tras recordar que la semana pasada tuvo la oportunidad de trasladar en el pleno del Parlamento "información y valoración sobre este tema", puso de relieve el "esfuerzo" que el Ejecutivo regional "realizó para intentar que unas personas fuesen objeto de una atención específica por la dificultad que suponía, además, en la comarca en que la empresa se deslocalizara" y "abandonase la tradición industrial".

Según Ávila, ese esfuerzo "acabó materializando y sustanciando" en recolocaciones y "prejubilaciones de algunas personas que difícilmente iban a poder encontrar empleo", además de en "cursos de formación" que estas personas "han tenido hasta el final del año pasado". Junto a ello, aludió a esa "atención específica por parte de la Junta hasta en el último decreto ley sobre materia de empleo".